El juez sienta al PP en el banquillo por la caja B y le exige 1,2 millones
El partido figura como responsable civil en el juicio a Bárcenas y sus 5 cómplices
La justicia hizo ayer su contribución al sufrimiento del PP en uno de sus peores momentos de los últimos tiempos. Y lo hizo justo dentro del caso que más atormenta a la formación política: el de la caja B que, según el juez José de la Mata, los populares manejaron “desde 1990 y hasta al menos 2008”. El instructor resolvió sentar al partido en el banquillo de los acusados a título de responsable civil subsidiario por los delitos imputados penalmente a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Páez, y a tres miembros de la empresa que realizó la reforma de la sede del partido entre 2005 y 2011, Unifica. Por dicha responsabilidad, el PP deberá depositar una fianza de 1,2 millones de euros en el plazo de diez días.
A lo largo de los casi veinte años transcurridos entre 1990 y 2008, el partido que hoy gobierna el Estado “se habría servido de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal”, señala el instructor que acaba de tomar el relevo de Pablo Ruz. Esa financiación irregular se habría articulado, añade De la Mata, a través de “varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el Partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas”. Tales sistemas funcionaron “a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B”, añade.
Las imputaciones se centran en los delitos cometidos en las distracciones de dinero con motivo de las obras en el cuartel general del PP, en la calle Génova de Madrid. Según el magistrado, los exdirigentes imputados y los responsables del estudio de arquitectura Unifica siguieron una “estrategia defraudatoria” que, encaminada a su beneficio y el del PP mediante el impago de impuestos, incluyó “operaciones simuladas mediante la elaboración de facturas y certificaciones de obra mendaces”. Los fraudes se refieren a pagos en dinero negro por importe de 1,5 millones.
La segunda trama importante en términos penales es la organizada con ocasión de la ayuda que el PP ofreció al radiofonista Federico Jiménez Losantos mediante una masiva participación en la ampliación de capital de su diario Libertad Digital. Según el relato de hechos recogido el auto, Lapuerta compró valores de este medio por importe de 139.700 euros que tomó de la caja B del partido. Luego revendió las acciones por 209.550 euros, pero “no repuso los fondos” al PP.
Por unos y otros hechos , la Audiencia Nacional enjuiciará tanto a Bárcenas, Lapuerta y Páez como a los socios de la empresa Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y a la empleada de la misma firma, Laura Montero. Los cargos en su contra son de pertenencia a organización criminal –correspondiente éste sólo a una petición de la acusación de Izquierda Unida–, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo, delito electoral y contra la Hacienda Pública.
El fiscal del caso, Antonio Romeral, pide sendas penas de cinco años de cárcel para los dos extesoreros del PP; 18 meses para el exgerente, y tres años y 10 meses para Gonzalo Urquijo y Belén García. El repre- sentante del Ministerio público exculpó al PP como imputable penalmente de un delito fiscal, pero le mantuvo la responsabilidad civil que el juez trasladó ayer a su auto de apertura de juicio.
Entre los movimientos de dinero B que De la Mata considera acreditados en su resolución, destacan los abonos opacos para sufragar las sedes del PP en Vizcaya y La Rioja, en ambos casos con fondos procedentes de donaciones ilícitas aunque no delictivas. El magistrado también cita el pago de 86.545 euros al entonces diputado por Navarra Jaime Ignacio del Burgo para que se los entregara al exconsejero de Salud Calixto Ayesa, en atención al “detrimento patrimonial” que sufrió al cesar su actividad profesional como dermatólogo. El relato de hechos incluye asimismo pagos irregulares a cargos del PP que fueron víctimas de atentado. Los destinos del dinero negro de los populares fueron, en suma, de lo más diverso.
La Audiencia juzgará a los seis imputados como miembros de una “organización criminal”, entre otros cargos