El juez ordena el embargo preventivo de 15 sedes de CDC por el caso Palau
Hacienda valorará los edificios para determinar si cubren la cantidad exigida
El juez ordenó ayer el embargo preventivo de quince sedes de Convergència (CDC), debido a que considera a la formación partícipe a título lucrativo del expolio del Palau de la Música, perpetrado por los antiguos máximos dirigentes de la entidad, Fèlix Millet y Jordi Montull. Esta figura jurídica significa que se ha sido beneficiario de un delito sin ser responsable de él. El partido negó ayer en un comunicado haberse lucrado nunca con la institución cultural.
Este paso se deriva de la petición del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, quien lo solicitó después de que CDC vendiera su sede principal de la calle Còrsega a un grupo inmobiliario de Hong Kong. Precisamente, este inmueble estaba aportado como garantía en caso de que se produjera una sentencia condenatoria. A cambio, la formación política aportó una lista de otras quince sedes, que son las de Amposta, Castelldefels, Figueres, Granollers, Capellades, Lleida, Mora d’Ebre, Reus, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Tortosa, Sant Feliu de Llobregat, dos de Mataró y la del barcelonés barrio de Gràcia.
En el auto dictado ayer por el juez José Julián García de Eulate se ordena también a la Agencia Tributaria que valore estos edificios, para determinar si alcanzan la cifra exigida. Pero sobre esto hay discrepancias, porque en el primer auto de cierre de la investigación que se dictó se estimaba el beneficio que había obtenido CDC en 3,6 millones de euros, pero posteriormente la Fiscalía lo elevó a 6,6, corrección que fue introducida posteriormente. El jueves se dictó otro nuevo auto de conclusión en el que se retrocedía a la cifra inicial.
Y lo que ocurre es que, aunque se den pasos, el caso todavía no se ha cerrado, porque vive inmerso en un bucle de recursos. Ese pri- mer auto de cierre fue dictado por el anterior juez de la causa, Josep Maria Pijuan, en julio del 2013; pero fue recurrido y la Audiencia de Barcelona lo revocó porque consideró que uno de los imputados, el exdiputado convergente Jaume Camps, debía quedar fuera, dado que los supuestos delitos que habría cometido estaban prescritos. En el co-
L A C R O N O L O G Í A La investigación por el saqueo del Palau va a cumplir pronto seis años de vida en los juzgados. Julio 2009. Los Mossos d’Esquadra y la Fiscalía Anticorrupción registran la sede del Palau de la Música debido a las sospechas de fraude fiscal, pero la documentación decomisada apuntaba a un saqueo generalizado de la entidad. Septiembre 2009. Félix Millet remite una carta al juzgado donde reconoce el expolio de la entidad, pero no de todo lo que afloró posteriormente. Julio 2013. El juez Josep Maria Pijuan cierra la investigación sobre el Palau de la Música acusando a 17 personas y acusa a CDC de lucrarse. Mayo 2015. La Audiencia archiva el asunto para el exdiputado Jaume Camps, por haber prescrito los delitos que le imputaban. Mayo 2015. El juez José Julián García de Eulate cierra de nuevo la causa con, ahora, 16 imputados, y sigue acusando a CDC. Mayo 2015. El magistrado dicta el embargo preventivo de 15 sedes de CDC. nocido esta semana, su nombre ya no aparecía en la relación de acusados, 16, pero puede ser de nuevo recurrido, y lo será, ante la Audiencia, lo que dilata el final.
Esta causa gira en torno al expolio perpetrado en el Palau de la Música entre los años 2002 y 2009 por parte de sus dos antiguos responsables, Fèlix Millet y Jordi Montull. Este saqueo se perpetró, según las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, en dos líneas: una, la que beneficiaba privadamente a ambos, con episodios como el abono de las bodas de las hijas de Millet; y dos, en beneficio de Convergència Democràtica de Catalunya.
Aquí también había varias derivaciones, como el pago de servicios para el partido mediante empresas interpuestas o la financiación de la fundación CatDem, pero la principal es el supuesto pago de comisiones para la ob-
Convergència niega haberse lucrado con el Palau y anuncia que recurrirá el embargo
tención de obra pública, que, siempre según el fiscal, habría realizado Ferrovial usando como intermediario el Palau de la Música. En su calificación provisional, el ministerio público acusa a siete exdirectivos de la institución cultural, a dos directivos de la constructora, a seis empresarios y al extesorero de CDC Daniel Osàcar.
Al respecto, y una vez conocido el embargo preventivo de las quince sedes de CDC, la formación política emitió un comunicado en el que reiteró que nunca se ha lucrado del Palau ni de las instituciones que de él dependen, señaló que no está de acuerdo con el paso dado por el juez y que lo recurrirá y expresó su enojo por haber conocido el trámite por los medios de comunicación.