La Vanguardia (1ª edición)

Tsipras condiciona el acuerdo a una quita de la deuda

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Atenas se resiste a ceder. La presión de la zona euro y el Fondo Monetario Internacio­nal (FMI) sigue sin hacer mella en el Gobierno griego, que ayer reiteró que sólo está dispuesto a llegar a un acuerdo con medidas dolorosas si, como contrapart­ida, obtiene una reestructu­ración de su deuda. Es el mensaje con el que el primer ministro, Alexis Tsipras, envió a sus negociador­es a Bruselas, unas conversaci­ones que finalmente transcurri­eron sin él, a nivel de ministros. El riesgo de un impago griego que desemboque en una bancarrota se tiene cada vez más presente. En dos semanas, Grecia debe pagar 1.600 millones de euros al FMI, una cantidad que el Gobierno dice no tener y que la eurozona podría prestarle, pero sólo si llegan a un acuerdo sobre las condicione­s de la entrega de los últimos tramos del rescate. Las posiciones siguen sin embargo muy alejadas y van más allá de las décimas de superávit de más o de menos que Atenas debería tratar de mantener en el futuro. Tsipras quiere “una solución sostenible”, una quita de su deuda o medidas de reestructu­ración para hacer más llevadero su pago, algo de lo que los gobiernos europeos sólo están dispuestos a hablar después de que Atenas adopte medidas concretas que demuestren su voluntad de reforma. Aunque hace dos semanas el FMI y la eurozona se pusieron de acuerdo sobre el ultimátum lanzado a Grecia, la tensión entre los acreedores continúa. Según el Frankfurte­r Allgemeine, el FMI se ha negado a aceptar el último trueque planteado por la Comisión Europea para facilitar el acuerdo, aplazando los recortes en las pensiones a cambio de una reducción en el gasto militar por un importe equivalent­e. dencia del Banco Central Europeo con la salida del portugués Vítor Constâncio. Guindos dijo hace un año estar “convencido” de que “en el próximo cambio que haya, cuando toque, habrá un español”, dando por seguro que España conquistar­á ese sillón en el BCE, “aunque en estos temas nunca te firman un papel”, añadió.

La experienci­a más reciente invita a ser prudente. También en el 2012 se consideró hecho antes de tiempo el mantenimie­nto de un puesto en el consejo ejecutivo del BCE. Fuentes al corriente de aquellas negociacio­nes consideran “un mito” que la situación económica influyera en la salida de España. Aunque esa teoría “funcione en algunos cenáculos”, Portugal e Italia no estaban en mejor situación cuando poco antes se hicieron con la vicepresid­encia y la presidenci­a del emisor central, recuerdan.

El puesto se lo llevó un país minúsculo, Luxemburgo, no sin sufrir: la Eurocámara frenó el nombramien­to de Yves Mersch porque quería una mujer (España no jugó esa baza y presentó a Antonio Sainz de Vicuña, exjefe del servicio jurídico del BCE). España tiene “el músculo y el cerebro” necesarios para influir más en la Unión, sostienen estas fuentes. Si España quiere de verdad regresar al BCE en el 2018, los partidos políticos deberían empezar a pensar en una estrategia y buscar buenos candidatos, al margen de sus filiacione­s políticas.

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