La farsa de las comisiones de investigación

Como era de esperar, la comisión de investigación sobre la quiebra de Spanair del Parlament de Catalunya ha concluido descartando la existencia de responsabilidades políticas en las pérdidas públicas generadas por la operación, en línea con las posición de CiU, ERC y PSC. Mucho se ha escrito sobre la crisis letal de la compañía aérea, la propia suspensión de pagos ha sido objeto de una instrucción judicial aún no resuelta de manera firme pero que ha descartado el desvío de fondos o la apropiación indebida, no se trataba por tanto de que la comisión parlamentaria realizara hallazgos novedosos o atrapara corruptos. Pero igual que ejecutivos y administradores de la aerolínea han debido asumir el reproche y las pesquisas judiciales, no sería de recibo que los políticos no debieran someterse a examen.

El intento fallido de reflotar Spanair, una demanda de amplios sectores sociales de Catalunya y en especial del mundo empresarial, contó con respaldo público precisamente porque la compañía tenía problemas y era obvio desde el comienzo que su supervivencia era muy incierta.

Pero, dicho esto, de ahí a las conclusiones a las que ha llegado la mayoría parlamentaria –ni responsabilidad política, ni error, ni propuestas de enmienda o revisión de los procedimientos– media un auténtico abismo. Hablamos de unos 200 millones de euros de los contribuyentes perdidos, lo que obliga a ser muy puntilloso antes de decidir, en realidad autodecidir, si la gestión pública pudo ser mejor y, si es necesario, cambiar para evitar que se vuelva a repetir.

Las conclusiones aprobadas finalmente en el Parlament, presentadas por CiU, ERC y PSC, son dignas de enmarcar. CiU dice de la operación Spanair que “el proyecto nació de la iniciativa privada que participó desde el primer momento, lo promovió y solicitó el apoyo institucional a las administraciones”, limitándose a apostillar que estas ultimas “apostaron fuertemente”. Un eufemismo para evitar reconocer que, los inversores públicos acabaron siendo accionistas únicos. Hubo exigencia y movilización empresarial para impulsar el despegue de El Prat, pero no hubo compromiso financiero de esa sociedad civil para llevarlo a cabo. Incluso los inversores privados que estaban en el origen de la operación contaban desde el inicio con el respaldo económico de los contribuyentes. Y eso no lo reconoce CiU, ni tampoco ERC o el PSC. En fin, el informe de la formación nacionalista no deja el más mínimo espacio a la crítica y no incluye ninguna recomendación para no tropezar en la misma piedra.

Otro tanto cabe decir del documento del grupo parlamentario de ERC: defensa cerrada de todas y cada una de las decisiones tomadas. Se limita a destacar la bondad de los objetivos buscados para eludir un análisis minucioso de las decisiones política adoptadas. Algo así como que volveríamos a hacer lo mismo y no hemos aprendido nada.

Las conclusiones del PSC, por su parte, incorporan un curioso argumento que, de paso, sirve para matar todas las comisiones parlamentarias de investigación sobre asuntos previos a unas elecciones: “Querríamos recordar que la responsabilidad política en relación con una decisión determinada adoptada por un Gobierno se dirime en unas elecciones cuando los ciudadanos hablan a través de su voto”. Todo o nada. Si no te gusta lo de Spanair, no me votas. Pero si lo haces, lo aceptas todo de todos; de los de mi grupo y de los que me han acompañado.

Dejando al margen la pomposa Comisión de investigación sobre el fraude y la evasión fiscales y las prácticas de corrupción política, que poca luz aportará y cuya triste existencia sólo alegró la antológica comparecencia del soberbio Jordi Pujol Ferrusola, la otra gran comisión de la legislatura ha sido la de las crisis de las cajas de ahorros.

Con final similar al de Spanair. Las cajas, el “modelo catalán de cajas”, se hundieron y sus señorías, y los Governs que eligieron, nada tuvieron que ver. Culpables los gestores, el Banco de España y los reguladores de Madrid. Ni una línea para descubrir una brizna de responsabilidad a la débil tutela por la Generalitat, al amparo de la ley catalana sobre cajas de ahorros, o a su control sobre la obra social, o para reconocer que nunca se ejerció la opción de participar seriamente en las inspecciones a las entidades. O para admitir que los propios usuarios de la ley, los responsables de las cajas, se la hacían a su medida con la connivencia del Parlament. La conclusión final, en línea con la de Spanair, fue esta: “Las autoridades de la Generalitat hicieron una labor de control del sistema financiero de Catalunya en términos ajustados a las competencias limitadas que les correspondían”. No consta que nadie se rebajase el sueldo ante tamaña incapacidad legal forzosa para acometer su trabajo. Las comisiones de

Una vez más, sus señorías han encontrado la manera de no sentirse responsables de nada de lo que ocurre Mejor evitarse el gasto de crear comisiones para nada, que estamos en tiempos de ahorros forzados

investigación del Parlament emiten un tufo autojustificativo cada vez más intenso. Para eso, mejor evitarse el gasto, que estamos en tiempos de ahorros forzados.