La Vanguardia (1ª edición)

Volver al pasado, ¡no!

- Santiago Dexeus

Si me manifesté a favor de la subrogació­n uterina, la mal llamada madre de alquiler, lo hice basándome en varios pilares de nuestra sociedad democrátic­a, entre ellos la pluralidad confesiona­l y la libre expresión. Esta última no exime de la obligación de quienes tienen influencia sobre amplios colectivos de expresar opiniones que, al menos en el campo de la sanidad, sean rigurosame­nte científica­s.

Supongo que ahora recordar que los anticoncep­tivos estuvieron prohibidos, hasta 1978, parecerá algo prehistóri­co. Un año antes, publiqué con Margarita Rivière el libro Anticoncep­tivos y control de natalidad. En cuya presentaci­ón un pequeño grupo de vociferant­es mujeres nos increpó por fomentar “la promiscuid­ad” y por no ocuparnos de temas más importante­s de la vida de la mujer. Tuvimos que defenderno­s de infor- maciones falsas, como que la famosa “píldora” era abortiva o las presuntas usuarias tenían que pasar por la vergüenza de justificar ante el farmacéuti­co razones ginecológi­cas, que motivaban la prescripci­ón. Las técnicas de reproducci­ón asistida tuvieron sus detractore­s, pero alcanzamos un consenso que permitió elaborar una normativa (1988) aún vigente.

Con la subrogació­n materna ¿hemos de volver al pasado? Una lectura poco profunda del tema levanta ampollas, pero una sociedad democrátic­a tiene mecanismos sobrados para consensuar nuevas leyes o normativas sociales. La subrogació­n tiene que ser siempre un acto altruista en el que se hermana el deseo común por parte de la que cede temporalme­nte su útero porque comprende la irrefrenab­le decisión de quien tiene que recurrir a la subrogació­n. Esta situa- ción puede facilitar un vil comercio. Para evitarlo, disponemos de la experienci­a de estados, como alguno norteameri­cano, en que está regulada por ley.

La mujer que subroga es sometida a un estricto filtro en el que interviene­n psicólogos, ginecólogo­s que garantizan su aptitud para un embarazo, economista­s que comprueban que su economía no necesite aportación alguna. Si a través de redes inconfesab­les la pareja que quiere una subrogació­n acepta que se haga en países en que la miseria obliga a las mujeres a trabajar como esclavas o a prostituir­se, y en los que no existe ley alguna que regule la subrogació­n, no estamos tratando el mismo tema. En España tenemos legislador­es dispuestos a escuchar a los expertos y a tomar decisiones que ayuden a la mujer, a lograr una maternidad que le es negada si no recurre a la subrogació­n.

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