Hoteleros divididos
La moratoria para abrir nuevos alojamientos turísticos en Barcelona decretada por la alcaldesa Ada Colau ha generado un intenso debate y, curiosamente, ha dividido la opinión de los propios hoteleros que, aparentemente serían los principales afectados de la medida. Están divididos porque, por extraño que parezca, el decreto beneficia a un buen número de empresarios del sector que ya tienen hoteles en funcionamiento en la ciudad y que verán cómo, durante al menos un año, no crecerá su competencia en Barcelona. Además, el que tenga prisa por abrir nuevas plazas estará obligado a hacerlo fuera de la capital cosa que dará un impulso económico a los municipios del entorno metropolitano.
Según cómo se mire, Colau ha hecho un buen regalo al establishment hotelero de la ciudad que puede mejorar su negocio ya que, con una menor oferta de alojamiento y una creciente demanda turística, los precios tenderán a subir para alegría de hoteles, apartamentos turísticos legales y otras casas de huéspedes. Bingo.
Por esta razón, la reacción a la moratoria ha sido más bien discreta o “silenciosa” por parte del sector, me explicaba el viernes el representante de una conocida cadena de hoteles que, como tantos otros, aspira a ampliar su oferta en la ciudad. Con la decisión del gobierno municipal, será imposible. Y con la minoría de gobierno de la alcaldesa, muy bien deberán transcurrir las cosas para que la moratoria no se alargue más allá del año previsto. Como se sabe, esta congelación de licencias se realiza para elaborar un nuevo plan turístico. Mientras que la primera medida sólo requiere de un decreto de alcaldía, el plan de futuro necesita de la aprobación por mayoría en el pleno municipal. Y ahí surge el gran problema
La moratoria para abrir nuevos alojamientos en Barcelona beneficia a los que ya tienen hoteles
sobre este tema y sobre el resto de cuestiones que se intenten impulsar durante estos cuatro años de legislatura. Me temo que veremos en este mandato muchos decretos y pocos plenarios.
De momento, el primer pleno ordinario que debería celebrarse este mes de julio va para largo porque no hay mayoría para aprobar el reparto de los cargos de confianza, la prometida rebaja salarial de los concejales o la participación política en las empresas municipales, entre otros asuntos nada menores. Los grupos de la oposición están en contra de la propuesta del gobierno y la negociación está bloqueada. Por este motivo ya se oye alguna voz, como la del concejal del PP Alberto Fernández Díaz, que reclama a sus colegas de banco opositor que tomen las riendas y fuercen la convocatoria de un pleno. Reglamentariamente pueden hacerlo, pero corren el riesgo de que Colau no ejecute los acuerdos que le imponga el plenario, como ya sucedía en los anteriores mandatos de Barcelona que han tenido alcaldes gobernando en minoría. Como dijimos aquí mucho antes de las elecciones, se impone la política en mayúsculas o el bloqueo está servido.