El frenazo turístico afecta a 25 hoteles con permiso de obras
Una docena de locales se ubica en el Eixample y cinco en Ciutat Vella
La suspensión de la concesión de nuevas licencias para cualquier tipo de alojamiento turístico en Barcelona, aprobada por decreto de la alcaldesa Ada Colau y vigente desde el pasado miércoles por un período máximo de un año, no sólo podría dar al traste con algunas inversiones que habían mostrado su interés en la capital catalana, sino también con un total de 25 proyectos que ya habían iniciado su tramitación, entre los que figura una docena en el distrito del Eixample y cinco en Ciutat Vella. La lista de proyectos en tramitación, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, incluye algunas ubicaciones tan codiciadas por el sector hotelero como la plaza Catalunya (el antiguo edificio del Banco Español de Crédito, situado junto a la céntrica megastore de Apple), la reformada avenida Diagonal, que suma dos licencias en trámite, o la parte baja de la Via Augusta.
Algunos de los proyectos incluidos en una lista de 24 estable- cimientos hoteleros (a la relación cerrada la segunda semana de mayo hay que añadir una nueva petición de licencia de obras, un una estrella en la calle Ramon Turró, tramitada el 2 de junio) son ampliaciones, reformas o mejoras de alojamientos ya existentes. Son, no obstante, minoría, ya que gran parte de las licencias empezadas a tramitar antes de la llegada de BComú al gobierno municipal hacen referencia a cambios de usos de edificios ya existentes o bien a la conversión en hoteles de fincas en mal estado, a veces semiabandonadas y que esperan un futuro mejor que su presente.
La lista incluye cinco licencias de obras en curso en el distrito de Ciutat Vella, entre ellas una pen- sión en la Rambla, en el edificio donde hasta hace poco estuvo una de las tiendas emblemáticas que han cerrado sus puertas, Musical Emporium, y otra en la calle Hospital, en el Raval. Las otras tres hacen referencias a fincas ubica- das en puntos del distrito no especialmente saturados desde el punto de vista hotelero, como son la calle Doctor Joaquim Pou (junto a la Via Laietana), la ronda Sant Antoni y la calle Trafalgar, donde estaba previsto un cuatro estrellas.
La mayor concentración de licencias en vías de resolución que ahora se han visto frenadas por la decisión del gobierno municipal se da en el Eixample. Uno de los casos ya conocidos es el de la antigua Henkel en la calle Còrsega, un proyecto de reconversión de la sede corporativa de esta empresa en un hotel de cuatro estrellas y 190 plazas. Una capacidad muy similar es la prevista para el establecimiento de cuatro estrellas superior que la cadena Barceló quiere abrir en el número 414 de la Diagonal. El otro proyecto ho-
La mayor parte de las peticiones son cambios de usos de edificios ya existentes La mitad de los proyectos se ubican en el Eixample, pero hay también en Ciutat Vella
telero en esta avenida es el del número 478, que todavía no tenía determinada su categoría. Otras licencias de obras que se estaban tramitando en el Eixample hasta que llegó la suspensión están domiciliadas en Consell de Cent, 179; Aragó, 257; Girona, 158; Provença, 277; ronda Sant Pere, 32; Casp, 17, y Balmes, 155. En el caso del establecimiento de la calle Casp, la operación de transformación del edificio en un hotel Me está ligada a la ampliación de la tienda del grupo Inditex del paseo de Gràcia. La intención es crear una macrotienda que quede conectada con el futuro establecimiento, junto al cine Novedades. El grupo Meliá tenía intención de invertir 40 millones de euros en el establecimiento y en la construcción de un gran aparcamiento. obrasEl restose repartende los por permisosotros distri- de tos de la geografía barcelonesa: en la calle Valladolid de Sants; en la calle Sabino Arana, en el distrito de Les Corts; y en el paseo Pujades, en la antigua sede de la dirección general de Seguretat, y la calle Llull, en Sant Martí. En esta lista no figuran proyectos hoteleros que se encuentran en otras fases, más avanzadas (como el proyecto de Rec Comtal, que Ayuntamientoya está aprobadoquiere revocary que si seel verá obligado a pagar una indemnización estimada en casi 23 millones de euros) o todavía en fases iniciales de tramitación urbanística. Este es último caso es el de la conversión de la torre Agbar en un hotel de lujo (interés de la cadena Hyatt), que todavía no había solicitado la licencia de obras pero sí que dispone del certificado de idoneidad urbanística, una fi- gura administrativa previa que garantiza que, durante un plazo de seis meses, se puede pedir la correspondiente licencia sin que en ese periodo de tiempo se puedan modificar las condiciones de uso de la finca. La presentación del proyecto de transformación de este singular rascacielos se preveía que podría presentarse este mes.
Tampoco está en la lista el proyecto de transformación del edificio del Deutsche Bank (paseo de Gràcia-Diagonal) en un establecimiento de gran lujo (de la cadena Four Seasons) con 159 habitaciones y capacidad para 285 plazas. Este se encuentra en aprobación inicial y va ligado a otras operaciones relacionadas con los Lluïsos de Gràcia y el edificio Masriera, que se debía convertir
La operación del hotel Me en la calle Casp está ligada a la ampliación de un Zara La cadena Barceló proyectaba un nuevo establecimiento en la Diagonal
El Ayuntamiento destaca que se erigirán unos cuarenta hoteles en los próximos años CiU pide a BComú que valore la pérdida de seguridad jurídica por el impacto de la medida
en un equipamiento municipal. El Ayuntamiento es contrario al planeamiento, por lo que difícilmente saldrá adelante. Ante este escenario, no son pocos los que anuncian que podía convertirse en pisos de lujo o que también podría ser adquirido por algún grupo inversor que lo mantenga cerrado a la espera de que suba su valor.
La reacción del principal grupo de la oposición no se ha hecho esperar. La anterior teniente de alcalde de Promoción Económica, Sònia Recasens, ha presentado en nombre de CiU una batería de preguntas dirigidas a la alcaldesa. Quiere saber, entre otras cosas, qué instrumento urbanístico ha empleado para suspender las licencias y planeamiento derivado de los alojamientos turísticos y si esta suspensión afecta a todas las licencias ya en trámite como aseguró la semana pasada la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz. CiU pregunta también cuántas licencias ya concedidas quedan excluidas de la suspensión, cuántas están vinculadas a obras con licencia concedida o comunicado ya admitido.
Según fuentes municipales, una cuarentena de establecimientos hoteleros podrán iniciar la construcción o continuar con las obras, ya que contaban con licencia para hacerlo y, por ello, no se verán afectados por esta moratoria.
Sònia Recasens plantea también por qué la suspensión decretada la pasada semana por Ada Colau no hace ninguna referencia a la oferta de alojamiento turístico de la llamada economía colaborativa en webs como AirBnB y Booking, las residencias con uso turístico compartido y los bed & breakfast.
Al parecer, el instrumento jurí- dico empleado por el gobierno municipal para suspender licencias ha sido el artículo 73 de la ley de Urbanismo. Es el mismo que hizo servir el equipo de Xavier Trias con las asociaciones cannábicas, aunque en este caso, a diferencia de los alojamientos turísticos, no había ninguna regulación previa. Además, no se podrá interponer recurso administrativo directamente al Ayuntamiento contra el acuerdo de suspensión y sólo podrá recurrirse ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
De hecho, el gobierno de Ada Colau pretende hacer un pause antes de decidir cómo regula el alojamiento turístico en la ciudad. Pretende poner en marcha un proceso de participación ciudadana para determinar, por ejemplo, la carga de alojamientos que puede soportar toda la ciudad en su conjunto y un barrio o distrito en concreto.
Una de las posibilidades que se barajan estos días es que los inversores que se han visto afectados de algún modo por la suspensión de licencias y que ya habían iniciado la tramitación (algunos incluso han abonado ya fuertes sumas por la adquisición de las correspondientes fincas) reclamen al Ayuntamiento daños y perjuicios. En este sentido, el grupo de CiU pregunta también si el Consistorio ha hecho una previsión económica para hacer frente a las posibles indemnizaciones por responsabilidad patrimonial que se puedan derivar y cuál es el importe.
El paquete de preguntas de CiU incluye, asimismo, una petición al gobierno para que valore la pérdida de seguridad jurídica en relación con futuros proyectos de inversión extranjera, el impacto de su medida en la creación de puestos de trabajo y la repercusión que pueda tener en el posicionamiento internacional de la marca Barcelona.