Lesmes pide soluciones políticas para Catalunya
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, expuso ayer su criterio de que el proceso soberanista de Catalunya constituye un problema “fundamentalmente político”, por lo que las vías de arreglo y las soluciones deben provenir también del “marco político”, y no del judicial. Les- mes se expresó en este sentido en el curso de un desayuno informativo organizado por Europa Press, en respuesta a una pregunta sobre el papel que han de tener los jueces ante el debate soberanista.
La respuesta de Lesmes fue breve, pero quedó claro en su enfoque que el presidente del Supremo prefiere hablar de cauces que de diques de contención. “A los jueces –dijo– no les corresponde buscar la solución”. Fue, en suma, una de- fensa del principio de intervención mínima, pero con mensaje en doble dirección, tanto para negar que las soluciones puedan venir del juzgado de guardia como para desalentar a los jueces inclinados a secundar procesos políticos.
El presidente del Consejo del Poder Judicial quiso dejar claro, en todo caso, que los órganos judiciales no van a mirar para otro lado si se producen transgresiones a la legislación. Una cosa es que los jueces no deban ser protagonistas, y otra que se inhiban. De ahí su tesis en el sentido de que desde la magistratura no se actúa “por razones de oportunidad, sino de estricta legalidad”, que es la principal función que le confiere la Constitución.
Lesmes concluyó su exposición sobre este asunto subrayando que los jueces están obligados a reaccionar si hay infracciones al ordenamiento jurídico en el contexto de un determinado debate político. En tal caso –dijo– “la obligación de los jueces es responder”. Y remachó el razonamiento diciendo que “ese es nuestro papel y no otro”, porque “no nos corresponde a los jueces buscar una solución”. En abril último, la fiscal general, Consuelo Madrigal, dijo en un acto similar y sin que mediara pregunta alguna que la Fiscalía no persigue “declaraciones políticas”, pero que estaba impulsando “con toda normalidad” la investigación sobre la consulta celebrada el 9-N.