La Vanguardia (1ª edición)

España defiende sancionar al gobierno de Trípoli

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El Gobierno español es partidario de que la Unión Europea establezca sanciones contra el gobierno libio de Trípoli –no reconocido internacio­nalmente– para forzarle a firmar el preacuerdo político al que han llegado el resto de facciones del país para formar un ejecutivo de unidad nacional. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, defendió ayer junto a otras capitales europeas esta línea más dura, frente a los que consideran que “lo más efectivo” es, simplement­e, “amenazar con las sanciones”: congelació­n de activos, embargo de petró- leo y sanciones individual­es contra las personas que entorpezca­n el diálogo. Bruselas desea un gobierno de unidad en Libia que le permita, con el consentimi­ento de la ONU, actuar militarmen­te si es necesario contra las mafias que llevan inmigrante­s a Europa. lizan las personas para llegar al territorio comunitari­o han cambiado. Según los datos que maneja Frontex, la Agencia Europea de control de Fronteras, hasta junio llegaron a la UE más migrantes por los Balcanes occidental­es que por el Mediterrán­eo. Hungría es el país que más solicitude­s de asilo ha recibido este año y protesta porque la Comisión no diseñe un plan para ella similar al que ha diseñado para los países sureños. Sus quejas, que lleva meses repitiendo, han cuajado, ya que los ministros de Interior se volverán a reunir en otoño en La Valeta (Malta).

España es de los países que acogerán menos inmigrante­s de los que le hubieran tocado. De 4.288 que planteaba el Ejecutivo comu- nitario, el ministro Jorge Fernández Díaz anunció que sólo aceptará 1.300. Desde que en mayo saliera la propuesta, España ha sido uno de los países que más la han criticado. El Gobierno de Mariano Rajoy considera que no se ha tenido en cuenta ni su elevada tasa de paro ni la presión a la que en su opinión se ve sometida, al ser el único país con frontera terrestre con África.

“España está actuando en todo momento en la lucha contra la inmigració­n irregular bajo el principio de la solidarida­d y la responsabi­lidad. Si no se está produciend­o un drama humanitari­o en la fachada atlántica ni en el Mediterrán­eo occidental es porque España tiene acuerdos con Marruecos, Mauritania y Senegal”, defendió ayer Fernández Díaz, y alardeó de que hace tiempo que no llegan cayucos a Canarias.

La propuesta de cuotas, sin embargo, se ha propuesto para los inmigrante­s que llegan de países en conflicto como son Siria, Eritrea, Iraq y Somalia y que por tanto, sí tienen reconocido el derecho de asilo. Para el ministro, sin embargo, el reparto no es válido ya que “es como si tuviéramos una casa en la que hay muchas goteras que están inundando diversas habitacion­es de esa casa. Y en lugar de taponar esas goteras en el tejado lo que hacemos es distribuir el agua que cae entre distintas habitacion­es. Esa programada reubicació­n no soluciona para nada el problema”.

Fernández Díaz dice que España acogerá sólo 1.300 y compara a los inmigrante­s con las goteras

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