Colau pacta con ERC y PSC más recursos contra la pobreza
El gobierno de Ada Colau quiere dedicar tres millones de euros este año a incrementar el parque de viviendas de alquiler social y de emergencia, así como modificar los criterios de acceso a estos alojamientos para que más familias puedan beneficiarse. Esta es una de las medidas que el gobierno municipal de BComú ha pactado con ERC y PSC y que se llevarán al pleno extraordinario del próximo viernes en el Ayuntamiento de Barcelona. Las tres fuerzas políticas (que suman 20 concejales, uno menos que la mayoría absoluta) han acordado una serie de medidas urgentes contra la pobreza, que han de ser un primer paso para un nuevo plan de inclusión social que suceda al que se aprobó para el periodo 20122015. En el pleno, los mismos partidos plantearán la creación de un Consejo de Turismo y Ciudad, como órgano participativo para actualizar el plan estratégico de turismo (2010-2015) para un nuevo periodo, hasta el 2020. Asimismo, se prevé elaborar un plan de regulación de los alojamientos turísticos de la ciudad.
En el ámbito de la lucha contra la pobreza, la proposición conjunta incluye medidas en materia de vivienda, fomento del empleo, alimentación infantil, mantenimiento de servicios básicos a familias que no pueden pagarlo, y mayor progresividad fiscal. El Ayuntamiento quiere encargar un estudio independiente que evalúe cuál es el coste de la vida en Barcelona, a efectos de establecer cuál debería ser el mínimo salario digno. Con esta referencia se podría elaborar un índice de renta de suficiencia para revisar los baremos de acceso a servicios básicos. Otras medidas, ya avanzadas en las últimas semanas por el gobierno, se refieren al aumento de la cobertura de la becas comedor y la modificación del sistema de tarifas sociales para la matriculación en guarderías munici-pales a partir del curso 2016-2017.
Las propuestas en materia turística, aún más genéricas y tam- bién apuntadas la semana pasada por el gobierno de Colau, parten de la moratoria de licencias de establecimientos turísticos, ya en vigor para un periodo de un año. Se quiere crear un Consejo de Turismo y Ciudad que asesore y participe en la planificación estratégica en esta materia. Los tres grupos impulsores de la propuesta comparten la reivindicación de la gestión de toda la recaudación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos. Ahora, Barcelona gestiona el 48% (9 millones de euros este año) de este impuesto autonómico, y las tres formaciones quieren dedicar ese dinero a atender necesidades de barrios afectados por la presión turística.