Desvío no obligatorio de camiones de la N-340

La Generalitat hace llegar la propuesta de Fomento a los alcaldes ebrenses como punto de partida para reducir las muertes

Con medidas concretas y ejecutables a corto plaza para reducir la siniestralidad se reunió ayer en Tortosa (Baix Ebre) el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, con los alcaldes ebrenses afectados por el alud de muertes en la N-340. El Ministerio de Fomento está dispuesto a bonificar del 35 al 50% del peaje a los camiones que se desvíen voluntariamente por la AP-7, según trasladó Vila a los alcaldes. La medida se podría empezar a aplicar en noviembre y durante un período de pruebas de tres meses.

A pesar de que la Generalitat defiende la fórmula aplicada con éxito en la N-II, en Girona, que sí obliga a los camiones a desviarse por la autopista, Vila planteó a las alcaldes la oferta de Fomento como la vía más inmediata para empezar a resolver un drama que no espera: la mortalidad de la N-340 entre Alcanar (Montsià) y l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp). Si la medida no lograse reducir el volumen de camiones, la Conselleria de Territori confía en la buena disposición de Fomento para convertir el desvío en obligatorio en 2016, pasadas las elecciones generales.

La presión ejercida por el sector del transporte es uno de los obstáculos a salvar, pues el Estado teme posibles movilizaciones si se aplica ahora la medida de forma obligatoria. Para los alcaldes de la zona poner primero a prueba el desvío de forma voluntaria aparece también como una solución satisfactoria. Para muchos negocios situados a pie de la N-340, gasolineras y restaurantes, el paso de los camiones supone buena parte de la facturación de cada mes.

Con la experiencia de Lleida, donde el desvío voluntario de camiones de la N-240 por la AP-2 apenas ha tenido por ahora impacto, tanto la Generalitat como los alcaldes saben que muy difícilmente tendrá impacto en las Terres de l’Ebre. Ante este escenario, lo más probable es que el desvío acabe por ser obligatorio para reducir de forma significativa los 4.000 camiones que pasan a diario por este tramo.

No se trata de la única medida planteada por Fomento a corto plazo para atajar la siniestralidad mientras no se ejecutan las obras de la anhelada autovía A-7, sin calendario. Vila hizo saber a los alcaldes que el Gobierno central trabaja en un plan para reducir los accidentes que incluye la construcción antes de final de año de cinco nuevas rotondas entre l’Aldea y l’Hospitalet de l’Infant, en el tramo de 40 kilómetros convertido en punto negro. El proyecto, que debería servir también para mejorar la señalización, tiene un presupuesto estimado de 2,5 millones de euros. “En octubre el Gobierno de Catalunya, Fomento y los alcaldes han de poder cerrar la solución”, dijo Vila.

Los alcaldes del Baix Ebre y el Montsià, que siguen exigiendo la gratuidad de la AP-7 para todos los vecinos mientras no llegue la autovía, salieron de la reunión con Vila moderadamente satisfechos, aunque pidieron

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tiempo para poder consensuar en el territorio una posición para ir a Madrid a negociar. “Este es el primer acuerdo posible con el Estado; lo que nos reclama la ciudadanía es que las actuaciones sean inmediatas y contundentes”, destacó Adam Tomàs (ERC).

Algunos de los alcaldes, como Tomàs, expresaron el lunes su malestar al conocer que el encuentro celebrado en Madrid entre Fomento y la Generalitat había acabado sin acuerdo ni calendario. “La voluntad, insisto, es que todas las partes implicadas encontremos la mejor solución para el territorio con un único objetivo: erradicar a un año vista de una forma drástica los accidentes con resultado de muerte, como hemos hecho en otros puntos del país”, apostilló Vila tras el encuentro.

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