Colau prevé un presupuesto marcado por la subida de la zona azul y la revisión del IBI
La alcaldesa de Barcelona se dispone a negociar contra reloj las cuentas para el 2016 con los partidos de izquierda: ERC, PSC y la CUP
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se dispone a iniciar el diálogo a fin de garantizarse los apoyos imprescindibles para aprobar a tiempo el presupuesto que debería ser presentado el 11 de noviembre. Negociará con ERC, PSC y la CUP. Son unas cuentas en las que Colau se plantea incluir una subida de la zona azul y que estarán marcadas por la revisión catastral.
El gobierno municipal de Barcelona mantiene la previsión de aprobar el próximo día 14 el proyecto de ordenanzas fiscales para el 2016 y de llevar su propuesta de presupuestos para el año que viene a la comisión de Economía y Hacienda fijada para el 11 de noviembre. Se trata de dos aspectos trascendentales en la gestión municipal en los que Barcelona en Comú (BComú) quiere dejar el sello particular que ya ha estampado en algunas medidas adoptadas en los cuatro primeros meses del mandato de Ada Colau. Sin embargo, para sacar adelante estos proyectos vinculados entre sí, y disipar de paso la imagen de ex- trema debilidad que ofrecería el gobierno de la ciudad si, por ejemplo, se viera forzado a aceptar una prórroga de los presupuestos vigentes, hacen falta unos apoyos para los que, hoy por hoy, todavía no se han sentado ni siquiera las bases.
El pasado viernes, en el primer pleno ordinario de este mandato, los grupos de la oposición hablaron como una sola voz reclamando a la alcaldesa Ada Colau un diálogo que, hasta la fecha, no se ha visto por ninguna parte. Le instaron a darse cuenta de una vez por todas de que no se puede gobernar con solamente 11 concejales sin tener en cuenta al resto de las formaciones y pensando que el apoyo de la calle –también limitado y cada vez más cuestionado– basta para llevar el mando de una ciudad como Barcelona.
Fuentes del gobierno de Colau, que admiten la urgencia de comenzar a negociar ya con la oposición con vistas a la aprobación de las cuentas municipales, apuntan que esta misma semana se iniciarán los contactos con las tres únicas formaciones (ERC, PSC y la CUP) con las que BComú se plantea llegar a un acuerdo global. Mientras la negociación presupuestaria traza su propia vía, Colau mantiene la puerta abierta
a la incorporación de republicanos y socialistas a un gobierno de coalición. No obstante, la complejidad de la situación política catalana surgida tras el 27-S y la inminencia de las elecciones generales del 20 de diciembre podrían retardar el desenlace de una película que parecía discurrir hacia un final feliz cuando ERC y PSC apoyaron sin contrapartidas la investidura de Colau, pero cuyo guión se ha ido complicando y derivando hacia escenas de aparente ruptura como consecuencia de indisimulados desencuentros entre el gobierno municipal y sus posibles aliados.
La primera prueba del nueve de las intenciones del gobierno Colau será el proyecto de las ordenanzas que regulan la fiscalidad que depende directamente del Ayuntamiento. El propósito es utilizar este instrumento –de capacidad limitada, ya que los grandes impuestos quedan fuera del margen de la maniobra de los ayuntamientos– con finalidades redistributivas. Tal y como hicieron los gobiernos socialistas y el convergente de Xavier Trias, aumentarán las bonificaciones a los ciudadanos más necesitados y a los colectivos más vulnerables a la crisis. Esta premisa tendrá especial incidencia en el impuesto de bienes inmuebles (IBI), al que BComú quiere dotar de un carác- ter más progresivo. Para ello ha encargado una revisión a fondo del catastro, que todavía se rige por el censo del 2001, a fin de adaptar el valor de los pisos –y en consecuencia la factura que ha de pagar el propietario– a su valor real de mercado.
Otras medidas fiscales que se plantea el equipo económico de Ada Colau tienen una vocación medioambientalista. Hace ahora doce años, el entonces alcalde Joan Clos fue severamente criti- cado por subir de golpe el precio de la grúa municipal por encima de un 25%. Después otras ciudades con el servicio de grúa más barato, como Madrid, siguieron los pasos de Barcelona. Desde entonces, la política tributaria de la capital catalana no ha deparado grandes sobresaltos. De hecho, la práctica congelación de tasas e impuestos, con subidas equivalentes a las del IPC, ha sido la norma de los últimos años. Ahora, de cara al año 2016, no se descarta que el nuevo gobierno municipal quiera resaltar su apuesta por una movilidad más sostenible –justo en el momento en el que vuelve a intensificarse el tráfico tanto en los accesos y las salidas como en el interior de la ciudad– con medidas que graven el vehículo privado. Las zonas azules de estacionamiento tienen todos los números para convertirse en el banco de pruebas de esas subidas impositivas. De hecho, el propósito de BComú es que ese sobre- coste del estacionamiento de pago en la vía pública sirva para financiar servicios deficitarios como el bicing. Asimismo, el gobierno está estudiando la posibilidad de introducir alguna nueva tasa sobre la utilización privativa del espacio público que penalice, por ejemplo, el streetmarketing. De cara a futuros ejercicios se trataría también de introducir nuevas figuras tributarias sobre la actividad turística y su impacto en el espacio común al tiempo que se negociarán con el futuro gobierno de la Generalitat cambios en la recaudación y la gestión de los ingresos procedentes de las pernoctaciones en alojamientos turísticos.
Una de las características de los presupuestos municipales que Barcelona en Comú quiere impulsar para el próximo año y, si es posible, durante todo el mandato, es la de no dedicar la mayor parte del gasto a grandes obras que no sean las que ya están en marcha. Su filosofía es la que inspiró, por ejemplo, la reciente modificación de crédito para destinar 90 millones de superávit presupuestario a una larga lista de pequeñas actuaciones. Pero, además, la línea política trazada por Ada Colau ya para su primer presupuesto pasa por los distritos. La alcaldesa se propone que sean los diferentes territorios de la ciudad, a través de procesos de participación vecinal, los que determi-
nen de qué modo y dónde se invierte una parte importante el dinero disponible. Se trata en cierto modo de recuperar y poner al día la idea de los presupuestos participativos que, en los años noventa, acunó la izquierda alternativa, una experiencia con algunos éxitos relativos y otros tantos fracasos absolutos.
Sin embargo, para poder llevar a cabo todas estas propuestas es necesario que BComú empiece a sumar con otras fuerzas políticas. Los contactos en estos días han sido mínimos y se han centrado más –en el caso de ERC y PSC– en la aprobación inicial de la modificación de crédito o sobre las ordenanzas que en la cuestión de las cuentas municipales. Existe preocupación por la falta de diálogo con el equipo de gobierno, que no atiende a las peticiones de la oposición para pactar determinadas cuestiones, aunque esta reconoce que los cien primeros días de Colau han servido para pulir ciertos tics reaccionarios de los miembros de BComú. Se han suavizado las formas y los gestos, pero no existe un acercamiento real más allá de algunas reuniones extraoficiales o contactos telefónicos. Las dos formaciones que apoyaron en la investidura a la alcaldesa continúan tendiéndole la mano para acordar proyectos de ciudad –ya sean los presupuestos o el Programa de Actuación Municipal (PAM)–, aunque no ven tan clara la formación de un futuro gobierno de coalición. Tanto ERC como PSC vinculan la difícil gobernabilidad de Barcelona al escenario político de Catalunya y España y consideran que la próxima campaña electoral, la de las generales, puede volver a condicionar la suma de fuerzas en el Ayuntamiento.
Uno de los puntos que han afectado la buena sintonía inicial entre las tres formaciones es el de la representación en el consejo de administración de Barcelona Serveis Municipals (BSM), la principal de las empresas municipales. La oposición quiere mantener una representación proporcional de todas las fuerzas del Ayuntamiento, una circunstancia que ya se dio en los últimos meses del gobierno de CiU, pero que BComú quiso revertir, sin éxito, al llegar a la alcaldía. La oposición se opone a quedarse sin voz ni voto en la empresa con más peso en el presupuesto municipal.
Sin embargo, el equipo de gobierno entiende –así lo recordó en el último pleno el teniente de alcalde Gerardo Pisarello– que la representación en estas empresas tiene una función ejecutiva y, por tanto, le corresponde a BComú, ganadora de las elecciones, tener la hegemonía en ellas. Ahora, tras el aplazamiento de una primera reunión, se ha anunciado una próxima para el 13 de octubre, no porque se haya llegado a un acuerdo sino porque empieza a ser urgente aprobar los presupuestos de estas empresas para evitar que acaben paralizándose. Republicanos y socialistas instan al equipo de gobierno a ceder en este punto y buscar diálogo y soluciones más allá de quien tenga razón. Este podría ser un principio para empezar a discutir tanto las ordenanzas fiscales, como los presupuestos.
Otro de los aspectos que también están en la agenda inmediata de la alcaldesa es la elaboración del PAM, la hoja de ruta del gobierno de la ciudad para los cuatro años del mandato. De momento, los trabajos internos se han iniciado con la finalidad de diseñar un documento base que deberá estar listo el próximo mes de noviembre. Inmediatamente se pondrán en marcha los procesos participativos entre asociaciones vecinales y sociales de los diferentes distritos que deberían culminar a finales de marzo. Si todo discurre como prevé el equipo de gobierno y no hay retrasos, el PAM debería aprobarse con la mayoría suficiente en el pleno de junio o julio del año que viene. Este, por ahora, es el calendario con el que está trabajando el Ayuntamiento, que no desea dilatar esta cuestión más de lo que sea necesario.