Un mal negocio
LA nueva política del gobierno municipal de Barcelona en materia de turismo empieza a tener sus primeras consecuencias negativas para el conjunto de la ciudad. Los inversores del proyecto de transformación del edificio del Deutsche Bank en un hotel de lujo, en una de las esquinas más preciadas de la capital (Diagonal-paseo de Gràcia), se han visto obligados a descartar esta opción ante la obsesiva oposición del Ayuntamiento a todo lo que huela a sector turístico o que atraiga a visitantes de alto poder adquisitivo.
La operación hotelera que el grupo KKH intentaba realizar conllevaba unos beneficios sociales que iban más allá del propio interés particular de los inversores y que seguía en el modelo de colaboración público-privada sobre el que Barcelona ha creado escuela. Así, dos entidades de la ciudad, como los Lluïsos de Gràcia y la Fundació Pere Tarrés, propietaria de los antiguos talleres Masriera, han visto cómo el bloqueo municipal al hotel del Deutsche Bank ha dado al traste con la inyección millonaria que iban a recibir gracias a la operación urbanística abortada.
Ahora, el gobierno que lidera la alcaldesa Ada Colau ha prometido buscar fórmulas para resolver el futuro de estas entidades, que sin ese dinero procedente de la denostada inversión turística deberán replantearse sus proyectos sociales y culturales. Pero lo que más incomprensible resulta de la decisión municipal de impedir el mencionado hotel es que el Ayuntamiento no evitará que el lujo se instale en el edificio, ya que los inversores han cambiado su plan hotelero por el de transformar el inmueble en pisos de alto standing. Es decir, habrá lujo de todas formas, pero con la diferencia de que aportará muchos menos beneficios para la ciudad porque se habrán esfumado los 500 empleos directos que el hotel iba a crear y se habrán volatilizado los 195 millones de euros de inversión prevista.
Nada más acceder al poder, el gobierno municipal tomó la decisión de decretar una moratoria de un año sobre la apertura de nuevos equipamientos hoteleros, y tres meses después todavía no se ha abierto el debate del modelo que se pretende implantar. En este sentido, será interesante conocer los motivos políticos de esta animadversión, más allá del aparente resentimiento, hacia el sector turístico, que supone el 15% del PIB de Barcelona. No hay que olvidar que el Consistorio ha gozado de una buena salud económica durante la crisis gracias, en parte, a esos ingresos de la industria del turismo que han servido, a su vez, para dedicar recursos a iniciativas sociales y redistributivas de esa riqueza.