Varapalo a las políticas de vivienda en Catalunya
Las “políticas regresivas” de las autoridades públicas incumplen los derechos humanos en materia de vivienda, según Amnistía Internacional
Amnistía Internacional (AI), una de las organizaciones que más han alzado la voz contra el drama de los refugiados, no sólo en Siria, sino también en Ucrania, Iraq, el África subsahariana o el Sudeste Asiático, entre otros rincones del mundo, tampoco se olvida de los refugiados interiores, sobre todo de los afectados por los desalojos hipotecarios. Esta organización, premio Nobel de la Paz en 1977, denuncia que “las autoridades públicas de Catalunya han adoptado medidas deliberadamente regresivas sobre el derecho a la vivienda, contraviniendo el derecho internacional de los derechos humanos”.
El informe critica que la garantía constitucional a la vivienda es papel mojado en Catalunya y se suma así a otros documentos, en particular los elaborados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Càritas o la Síndica de Greuges de Barcelona, entre otras instituciones. La investigación de AI, Derechos desalojados (El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España), pone el acento en las situaciones de Madrid y Catalunya porque “lideran los desalojos, mantienen grandes parques de viviendas vacías y han asistido al surgimiento de movimientos sociales muy activos”.
AI ha identificado en ambas comunidades al menos cinco señales de alarma, “prohibidas por el derecho internacional”: recortes del gasto público en vivienda: infrautilización de los recursos públicos disponibles; reducción del periodo de calificación durante el cual la vivienda social sigue siendo un recurso público antes de pasar a manos privadas; venta de viviendas sociales a sociedades de inversión, y medidas regresivas en prestaciones sociales. Se trata de una situación grave, añade el informe, “porque el parque público de vivienda en España es de los más reducidos de Europa”. También el gasto público en vivienda está aquí “por debajo de la media europea, y no ha hecho más que reducirse desde que comenzó la crisis económica”.
La sección española de Amnesty International critica la falta de “datos estadísticos fiables sobre el problema de los desalojos”, aunque reflexiona sobre algunas cifras incontestables. La Generalitat, dice, tiene unas 14.000 viviendas sociales. El Ayuntamiento de Barcelona, unas 6.000, a las que hay que sumar 2.000 más gestionadas por oe- negés. Otros municipios también tienen viviendas sociales propias, pero estos números “son claramente insuficientes para responder a las necesidades de los más de 100.000 solicitantes que hay en Catalunya, 72.000 en el registro de la Generalitat y 28.000 en el del Ayuntamiento de Barcelona”.
Catalunya invirtió 571,3 millones de euros en vivienda pública en el 2011, pero el presupuesto dos años después fue de 152,3 millones, casi cuatro veces menos. La fundación Civio es una organización sin ánimo de lucro que lucha por la transparencia informativa y la divulgación de datos fiables y contrastados a través de las nuevas tecnologías. Según esta entidad, a la que cita Amnistía Internacional, Catalunya gastó 25,74 euros por persona en vivienda y promoción de la construcción de viviendas en el 2013 (31,76, en Madrid). En el 2008 la cifra destinada a este capítulo fue muy superior: 47,71 euros por persona (86,25, en Madrid).
En un momento de crisis y grave recesión económica en el que las políticas públicas destinadas a proteger y hacer efectivo el derecho a la vivienda eran más necesarias que nunca, Catalunya y Madrid han aprobado “políticas enfocadas a la austeridad que han supuesto un retroceso deliberado e injustificado en el cumplimiento de su obligación respecto al derecho a la vivienda”. Aunque la Constitución reconoce esta necesidad, concluye el informe, “ni el Gobierno ni las comunidades autónomas han aprobado leyes que desarrollen el contenido y significado de este derecho, ofrezcan garantías y permitan impugnar sus violaciones”.
La inversión catalana en promoción de pisos sociales fue de 571,3 millones en el 2011; en el 2013, de 152,3 millones