El ducado perdido
Roca confía en que se aplique la doctrina Botín y Cristina de Borbón no declare
La Audiencia de Palma anuncia que la infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados por el caso Nóos el próximo 11 de enero.
La infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados por el caso Nóos el próximo 11 de enero, según anunció ayer la Audiencia de Palma, al fijar la fecha de la vista. Pero no es seguro que se la llegue a juzgar. Le queda un último cartucho que quemar, al inicio del juicio. Su abogado, Miquel Roca, lo explicó ayer al invocar la doctrina Botín y anunciar que lo alegará el primer día de la vista, como cuestión previa. Dicha doctrina ha permitido en ciertos casos la exculpación si no acusa la Fiscalía ni los perjudicados por el supuesto delito. Y en este caso la acusación sólo se sustenta en el sindicato Manos Limpias, en ejercicio de la acción popular.
Las previsiones de la Audiencia de Palma sobre la vista son, en todo caso, las propias de un macroproceso. El tribunal ha admitido la declaración de 363 testigos, propuestos por acusaciones y defensas. Antes, tendrán que declarar los 18 acusados –o 17, si la infanta finalmente puede retirarse–, para los que se piden penas que, en conjunto, superan los 100 años de prisión. Manos Limpias solicita para la infanta 8 años de cárcel, considerándola responsable de delitos contra la Hacienda pública. El fiscal del caso, Pedro Horrach, estima en cambio que sólo se la puede considerar beneficiaria a título lucrativo, pero no ve responsabilidad penal alguna en su conducta.
El fiscal pide, en cambio, 19 años y 6 meses de prisión para el esposo de la infanta, Iñaki Urdangarin. Horrach le acusa de haber puesto en marcha junto a su socio, Diego Torres, un entramado empresarial para beneficiarse de adjudicaciones de las administraciones públicas, sobre todo las de Baleares y Valencia, conseguidas por la posición institucional que ocupaba y pagadas con altos sobreprecios. Para analizar a fondo dicha estructura empresarial y su funcionamiento, han sido propuestas y admitidas hasta 21 pruebas periciales en el juicio.
Las supuestas ganancias de las empresas creadas por Iñaki Urdangarin ascendieron a 6,2 millones de euros. Y el fraude fiscal ha sido calculado en 337.138 euros, correspondientes a las cuotas del IRPF de los años 2007 y 2008. Las actividades de Urdangarin se iniciaron con el Instituto Nóos, teóricamente sin ánimo de lucro, y luego prosiguieron con otras fórmulas, entre ellas las de Aizoon, de la que la infanta Cristina era copropietaria. Se calcula que la vista puede durar hasta tres meses. El próximo día 23 el tribunal se reunirá con los abogados intervinientes en el caso para tratar de fijar unas previsiones de calendario. Como las competencias de justicia no están traspasadas a Baleares, el Ministerio de Justicia ha tenido que movilizarse con el fin de facilitar parte de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la vista, en un pabellón donde ya se han celebrado otros juicios. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, subrayó ayer el compromiso del Gobierno para que el juicio pueda tener lugar en condiciones adecuadas, dado además el interés mediático del caso.
Mientras, acusaciones y defensas han iniciado su particular vela de armas. El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, insistía ayer en que está “convencido” de la inocencia del esposo de la infan- ta. Y Roca manifestó confiar “absolutamente” en la justicia y en que el tribunal de Palma le dirá a la infanta, al resolver las cuestiones previas a la vista, “que se levante y se vaya”. La defensa estima que la aplicación de la mencionada doctrina Botín debe hacerse así, antes de iniciarse el juicio propiamente dicho, y no en la sentencia.
EL EJE DEL PROCESO Los beneficios ilícitos de Urdangarin se elevaron a 6,2 millones de euros
LA INFRAESTRUCTURA El Ministerio de Justicia colabora en la organización de la vista, en un pabellón