Los ‘tories’ anuncian más mano dura contra los inmigrantes
“Amenazan la cohesión social”, asegura la ministra de Interior británica
Theresa May, la ministra de Interior británica , quiere ser la nueva Margaret Thatcher. Y en la búsqueda de tan ambicioso objetivo no le han dolido prendas a la hora de elaborar la política de inmigración más restrictiva de los miembros históricos de la Unión Europea, con un toque de populismo y extravagancia que ha conseguido ponerse en contra al mismo tiempo a organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y a la patronal del Reino Unido. Lo cual no es fácil.
El plan anunciado por May en el congreso del Partido Conservador consiste en dividir a los refugiados y solicitantes de asilo político en diversas categorías, según la “peligrosidad” del país del que proceden, dónde presentan los documentos y si llegan directamente a Heathrow o Calais, o han pasado antes por otro país de la Unión Europea en el que han decidido no quedarse porque prefieren el Reino Unido. Estos últimos serán considerados sospechosos de querer beneficiarse de la Seguridad Social británica.
Los refugiados que sean aceptados en el futuro por el Gobierno de Londres vivirán en la más absoluta precariedad, con su estatus sometido a constantes revisiones para determinar si ya pueden regresar a sus lugares de origen porque la amenaza sobre sus vidas ha pasado, o si están “abusando” del cada vez más precario Estado de bienestar para cantar bajo la lluvia y comer fish and chips. Las concesiones de asilo político serán por tanto temporales y no permanentes, haciendo imposible que sus beneficiarios puedan rehacer sus vidas.
“Es imposible tener una sociedad cohesionada con una inmigración neta de más de 300.000 sujetos al año, que ponen una presión extraordinaria sobre la vivienda, la sanidad y la educación públicas”, proclamó May, que no oculta sus inten- ciones de competir con el ministro de Economía, George Osborne, y el alcalde de Londres, Boris Johnson, por la sucesión de Cameron (el primer ministro ha dicho que este es su último mandato y no se presentará de ninguna manera a las elecciones del 2020).
El electoralismo de la ministra de Interior ha sido denunciado con premura tanto por los grupos de derechos humanos, que defienden a los inmigrantes, como por la patronal, que representa los intereses de los empresarios. Por lo menos esta última muestra coherencia, ya que la inmigración favorece sobre todo a las compañías que pueden contratar así mano de obra cualificada y mucho más barata, y a las clases medias y altas que han de pagar mucho menos a sus jardineros, fontaneros, carpinteros, enfermeras, médicos y asistentes sociales. “Sin los extranjeros, el sistema se vendría abajo en dos días”, admite uno de los administradores del Royal Free Hospital de Hampstead.
Aunque está estadísticamente demostrado que la inmigración aporta en impuestos, productividad y crecimiento económico por lo menos 40.000 millones de euros al año, quienes en todo caso tendrían derecho a quejarse son las clases trabajadoras que se ven obligadas a reducir sus pretensiones salariales debido a la competencia, y los parados crónicos y dependientes del sistema que se encuentran con rivales por los escasos pisos de protección oficial y beneficios sociales, aunque la inmensa mayoría de extranjeros trabajan y pagan tasas. De ahí el alza del euroescéptico UKIP en las regiones pobres del norte de Inglaterra, y la ambivalencia del Partido Laborista a la hora de afrontar la cuestión migratoria.
A la gran mayoría de votantes de los tories no les afecta económicamente la inmigración. Pero para un sector significativo –el que coquetea con el UKIP y pide la salida de Europa– es una cuestión cultural, filosófica y de identidad nacional. La defensa de “lo de casa” frente a “lo de fuera”, de lo conocido frente a lo desconocido, aderezado con importantes dosis de nostalgia de un pasado que siempre fue mejor, y de rechazo a una modernidad y globalización que desborda a los coroneles retirados de Lincolnshire y las ancianas de Norfolk. El discurso de May fue dirigido a ellos.
El año pasado el Reino Unido registró una inmigración neta de 330.000 personas, cuando el objetivo del Gobierno era reducirla a unas pocas decenas de miles. “No podemos integrar a tantos extranjeros sin perder nuestra identidad”, dijo la ministra. Pero la mayoría de recién llegados proceden de otras naciones de la Unión Europea, y por el momento Londres no puede hacer nada para oponerse a la libertad de movimiento de personas y trabajadores, y recortarles la capacidad de obtener beneficios (uno de sus objetivos en las negociaciones con Bruselas de cara al referéndum del año que viene) le va a costar Dios y ayuda, dada la oposición de los países del Este. Su objetivo prioritario es por tanto reducir el número de estudiantes que se quedan al expirar sus visados, y de solicitantes de asilo. “Ni en mil años aceptaremos una cuota de refugiados impuesta por la UE”, proclamó Thatcher. Quiero decir, Theresa May.
INESTABILIDAD Los beneficiarios de asilo serán devueltos a sus países de origen si la situación mejora POPULISMO “Ni en mil años aceptaremos una cuota de refugiados impuesta por la UE”, dice May