Acuerdo histórico en Valencia para exigir una financiación justa al Estado
Las Cortes Valencianas alcanzaron ayer un acuerdo histórico para exigir al Gobierno, entre otros, una financiación justa con Valencia, el reconocimiento de la deuda histórica de 12.433 millones de euros y que se equiparen las inversiones a la media del Estado. El acuerdo, con el apoyo de todos los grupos políticos, traduce el éxito de la estrategia del president Ximo Puig, que ha querido aprovechar la semana del 9 d’Octubre, la Diada valenciana, para reclamar un cambio en el actual modelo de financiación.
El texto consensuado entre el PP, el PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podemos exige una reforma inmediata del modelo “con efectos del 1 de enero del 2014, que permita a los valencianos disponer de unos servicios públicos de calidad”. Además se pide que esta financiación permita “el ejercicio de las competencias propias (ocupación, vivienda, medio ambiente, cultura) alcanzado la media de financiación por habitante del conjunto de las comunidades autónomas”.
Las Cortes Valencianas exigen también el reconocimiento “del déficit financiero acumulado desde que se realizaron las trans- ferencias de competencias a la Comunidad Valenciana cifrada al menos en 12.433 millones de euros desde el 2002 y el 2013, así como el establecimiento de un mecanismo de compensación de estos déficits”. Por último, las Cortes Valencianas “exigen la ejecución por parte del Estado de unas inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la Comunidad Valenciana compensando la insuficiencia inversora de los últimos años”.
Ximo Puig quiere que la propuesta de resolución consensuada por unanimidad reciba mañana el apoyo de toda la sociedad civil valenciana. Y dedicará los actos del 9 d’Octubre a reclamar la mejora de la financiación. El president pidió ayer en las Cortes un fondo de desarrollo regional, un instrumento de reequilibrio financiero para dar oxígeno a las comunidades más endeudadas y la revisión de las contribuciones forales (Euskadi y Navarra) a las cargas del Estado.
Ximo Puig defendió que el nuevo modelo debería articularse en tres vías: una que garantice el ni-
El acuerdo unánime de las Cortes Valencianas pide que se reconozca la deuda de 12.433 millones de euros
vel mínimo de servicios públicos fundamentales, una de suficiencia financiera competencial y otra de autonomía “que ha de permitir a las diferentes comunidades autónomas un espacio fiscal propio para decidir sus niveles impositivos”.