El caso Rato
SI bien las medidas cautelares dictadas por el juez Antonio Serrano-Artal contra Rodrigo Rato han sido mínimas, limitadas a la retirada del pasaporte y a la obligación de presentarse una vez al mes en el juzgado, permiten sospechar que ha habido indicios suficientes en las acusaciones que pesan sobre él para justificar la adopción de esas medidas.
Aun respetando la presunción de inocencia, los turbios manejos financieros de Rodrigo Rato, con la compleja trama de sociedades interpuestas para la gestión de sus negocios y para el cobro de comisiones, no son dignos de una persona que ha sido responsable durante largos años –entre 1996 y 2004– de la economía y la hacienda de España, que ha dirigido el Fondo Monetario Internacional y a quien se confió la gestión de una entidad financiera tan importante como Bankia, que por cierto fue a la quiebra –la mayor de la historia española– bajo su mandato.
Cuesta creer que tantas sospechas de irregularidades económicas, estafas y fraudes recaigan en un personaje del nivel que tuvo Rodrigo Rato, pero lo cierto es que, a la espera de las sentencias definitivas, las acusaciones se acumulan contra él en los juzgados. Ayer declaró como imputado por presunto fraude fiscal, blan- queo de capitales, delito fiscal y corrupción entre particulares, como resultado de las sospechas de haber cobrado comisiones irregulares millonarias a cambio de la concesión de los contratos de publicidad de Bankia, caso por el que una persona implicada en estas operaciones ya está en prisión. Por este hecho, además de las citadas medidas cautelares, el mismo tribunal madrileño ordenó el embargo de sus bienes, al no haber satisfecho la fianza que se le impuso.
Además de este caso de las comisiones irregulares por la publicidad de Bankia, está imputado en la Audiencia Nacional por un presunto fraude sobre la salida a bolsa de dicha entidad financiera en el 2011 y también por el supuesto uso indebido de tarjetas de crédito con cargo a la misma entidad.
Con independencia de las sentencias que se dicten en su día, el daño que Rodrigo Rato ha causado al prestigio de las élites políticas y económicas españolas, al igual que la alarma social creada entre la ciudadanía, a los que se ha de añadir el perjuicio ocasionado por otros sonoros casos, como el de la trama Gürtel, es un hecho que ya no tiene remedio. Lo único que cabe esperar a partir de ahora es que las investigaciones judiciales se aceleren y lleguen hasta el fondo. La defensa de la ética de los servidores públicos así lo exige.