Desde la cuna hasta la mayoría de edad
El Gobierno se une al PSOE en el reto de universalizar la educación hasta los 18
Ampliar las fronteras del derecho a la educación... por arriba y por abajo”. Este es, según explica a La Vanguardia el coordinador de la secretaría de educación del PSOE, Pablo Uruburu, el gran objetivo de una de las medidas estrella del programa con que Pedro Sánchez se presenta a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre: la “universalización” de la educación desde los 0 hasta los 18 años.
El compromiso, en caso de que el líder del PSOE consiga llegar a la Moncloa, es por tanto “garantizar progresivamente la escolari- zación pública de todo el alumnado”. Desde la cuna, por tanto, hasta la mayoría de edad. El compromiso concreto del PSOE, recogido en el borrador de su programa electoral, dice así: “Ampliar el índice de escolarización desde los 0 a los 18 años, facilitando la ampliación de la oferta pública de plazas en todas las enseñanzas, especialmente, en la educación infantil y la formación profesional”.
Y añade el documento: “Este proceso de ampliación de la escolarización debe constituir un objetivo compartido por todas las administraciones públicas. Nuestro objetivo es que, de forma progresiva y por consenso, se extienda la obligación de las administraciones educativas de ofertar plazas hasta los 18 años”.
El debate ahora reabierto, en todo caso, no es nuevo. A finales del año 2009, el por aquel entonces ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ya sugirió la idea de ampliar dos años más la enseñanza obligatoria. La apelación a reflexionar sobre este cambio se quedó en el cajón, sepultado por el deseo de llegar a un pacto con la comunidad educativa y la oposición. Y las dificultades presupuestarias de esa época tampoco ayudaron.
¿OBLIGACIÓN HASTA LOS 18? No se trata de obligar, sino de universalizar la educación
La propuesta del PSOE ha sembrado cierta confusión al interpretarse como que sería obligatorio por ley, de aplicarse, proseguir los estudios hasta los 18 años, se quiera o no se quiera, superando en dos años la actual enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Y no es así, más que nada porque la ley sí permite trabajar a partir de los 16 años. Lo que plantean como obligatorio los socialistas es que las administraciones educativas dispongan de plazas –especialmente de formación profesional, donde aprecian “la inexistencia de una oferta suficiente”– hasta los 18 años.
Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, opina que las medidas que buscan extender la escolarización van en línea con los objetivos comunitarios de prácticamente universalizar la formación hasta completar el bachillerato o la formación profesional de grado medio. Además, apunta, debido al alto nivel de repetición del sistema educativo español, de facto se regularizaría la situación de esa buena parte de los alumnos con problemas en secundaria que acaban la ESO sobre los 18 años. Para Fernández Enguita, lo que suscitaría más dudas sería la cuestión de la obligatoriedad puesto que pone en duda que se deba “mantener a la fuerza en la institución educativa a personas que tienen edad, por ejemplo, en la que se pueden casar”.
¿QUÉ DICE EL GOBIERNO? El ministerio ya estudia universalizar hasta los 18
Lo cierto es que el Ministerio de Educación aseguró ayer que tam-
bién está estudiando universalizar la educación hasta los 18 años para ayudar a los jóvenes a continuar sus estudios en todos los niveles educativos. Al menos, así lo aseguró el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, que criticó en cambio como una “ocurrencia” que el PSOE hable de “obligatoriedad” hasta los 18 años. “Quizá no es la palabra obligatoriedad la que tendrían que vender –dijo Marín–, sino universalidad”. Pero como en realidad esta es la palabra que dicen los socialistas, cabe suponer que PP y PSOE pueden ir de la mano para afrontar este reto en la próxima legislatura, gobierne quien gobierne.
¿PARA QUÉ? Aumentar la titulación y reducir el abandono escolar
El PSOE, en todo caso, fija como objetivo de su propuesta aumentar la tasa de titulación en las etapas postobligatorias y reducir la tasa de abandono escolar. Entre sus argumentos, aseguran que el desarrollo del sistema educativo en España ha tenido “mucho éxito”, sobre todo en la escolarización obligatoria –de 6 a 16 años– y en la educación superior o universitaria. Pero los socialistas detectan dos graves déficits. Por un lado, en la proporción de alumnos en la etapa postobligatoria, específicamente en la formación profesional. Y, por otro, el abandono escolar temprano: “Hemos mejorado –explican los documentos del PSOE–, pasando de rondar el 30% en el 2007 a rozar el 22% en el 2014. Ahora bien, este éxito no se termina de traducir en una continuidad posterior de la tasa de escolarización pues la falta de oferta de plazas de formación profesional estrangula la posibilidad de aumentar nuestra tasa formativa en esta etapa”. Los socialistas quieren, para empezar, que el abandono escolar se reduzca hasta el 15%.
Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la UB, considera que elevar la edad obligatoria para permanecer en el sistema educativo podría ser “un buen instrumento” para contribuir a la reducción del abandono temprano. España, según todos los estudios, sigue a la cola de la Unión Europea en porcentaje de adultos jóvenes con al menos título de secundaria postobligatoria. Este experto en economía de la educación recuerda que esta medida ha de contribuir a que los jóvenes no sólo puedan estudiar bachillerato, sino también la rama profesional, incluidos los ciclos más cortos, “haciendo suficientemente atractivo la oferta para que hasta los jóvenes más reacios se sientan a gusto”.
¿CÓMO SE CONSIGUE? Con 200.000 nuevas plazas a corto y medio plazo
La consecución de estos objetivos se logra, según la propuesta socialista, aumentando la oferta de plazas singularmente en la formación profesional. “Hay más demanda que oferta”, asegura Pablo Uruburu. “La oferta es insuficiente –concluyen los trabajos elaborados en Ferraz–, y es incapaz de hacer frente a una demanda creciente de necesidades educativas por el aumento del éxito escolar en las etapas obligatorias, así como a la de aquellas personas que desean retornar al sistema educativo para completar su formación”. La estimación del PSOE es que se necesitarán, “al menos”, 200.000 nuevas plazas a corto y medio plazo.
¿CUÁNTO CUESTA Y QUIÉN PAGA? Casi 3 puntos del PIB, a lo largo de ocho años
El objetivo del PSOE para hacer viable económicamente esta propuesta es lograr “un gran acuerdo político” que fije un suelo de financiación. La media europea, según sus datos, sitúa en un 5% del PIB el porcentaje del gasto destinado a educación. En el 2014, critican los socialistas, se redujo al 4,20% mientras que el último gobierno socialista, en el 2011, lo situó en el 5,17%. “Así que, como poco, proponemos recuperar lo perdido y establecerlo como suelo social de gasto”, apunta Uruburu. Pero su meta es que en dos legislaturas, es decir en ocho años, se pueda alcanzar el 7% del PIB. Esas 200.000 nuevas plazas, con la incorporación de docentes y nuevos centros públicos requerirán, obviamente, “un impulso inversor fuerte”, admiten. Casi tres puntos de incremento del PIB son, aproximadamente, 30.000 millones de euros. “Es una apuesta muy ambiciosa”, admiten en el PSOE.
¿Sería una medida cara? Jorge Calero no se arriesga a hacer estimaciones económicas, pero contesta que “lo caro de verdad es lo que tenemos ahora: un abandono prematuro muy alto, una fuerza de trabajo escasamente formada...”. Mariano Fernández Enguita, en cambio, no cree que esta propuesta tenga un coste muy alto, aunque señala que podría implicar la ampliación de los conciertos con la escuela privada.
¿ES NECESARIA UNA NUEVA LEY? Diálogo, consenso y un sistema educativo estable
En realidad, para sacar más plazas de FP o invertir más dinero, no es necesario cambiar la legislación. Pero el PSOE defiende la derogación de la polémica Lomce así como la normativa del PP que a su juicio ha contribuido a recortar la inversión en educación, dificultando entre otras cosas la contratación de profesorado. “Se trata de no poner barreras, sino puertas. La Lomce no promueve el incremento del nivel educativo de la sociedad, sino que lo restringe”, dice Uruburu. Los socialistas apuestan por la aprobación –“mediante el diálogo y el consenso”– de una ley básica de Educación que garantice “un sistema educativo estable”, es decir, que no cambie cada vez que cambia el Ejecutivo, basada en “la equidad y la inclusividad”. Algunos expertos se muestran partidarios de no retrasar, en paralelo, la edad mínima para trabajar. Recuerdan que lo más adecuado es hacer como en otros países, donde se ha optado por que entre los 16 y los 18 años sea posible compatibilizar con facilidad el trabajo y los estudios.