Rato y Blesa, a juicio por el caso de las tarjetas opacas
La Fiscalía Anticorrupción pide 4,5 años para el expresidente de Bankia
El caso de las tarjetas black ya va pendiente abajo hacia el juicio oral. Ayer el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el encargado de la investigación, decidió abrir esta fase del procedimiento, la última antes de que se inicie la vista. En su auto aparecen 66 implicados, que son los que tendrán que sentarse en el banquillo, una lista que encabezan el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa y el expresidente de Bankia Rodrigo Rato. Ambos permitieron el uso de los citados instrumentos de pago, causando a ambas entidades perjuicios calculados en torno a los 15,5 millones de euros.
El auto de apertura del juicio oral marca, de hecho, el fin de las investigaciones y constituye la antesala de la vista propiamente dicha. El juez Andreu acusa a los inculpados de delitos de apropiación indebida y de administración desleal, según los casos. En diciembre pasado el magistrado ya dio por terminadas las diligencias y dictó otra resolución en la que sostenía que las tarjetas fueron emitidas “sin respaldo con- tractual alguno” y usadas para “gastos personales y propios”, que ascendieron entre 1999 y 2012 al total citado de unos 15,5 millones de euros, aunque la responsabilidad por los gastos comprendidos desde 1999 hasta el 2003 ha prescrito.
En su nueva resolución, Andreu recoge ahora los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Bankia, BFA y Unión Progreso y Democracia (UPyD) –que interviene ejercitando la acción popular-, textos en los que se solicitan penas que oscilan entre los dos y los diez años de cárcel. UPyD es la acusación que pide las mayores penas, diez años de prisión, para Rato, Blesa y el que fuera su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, y seis para el resto de acusados. El FROB solicita que Blesa sea con- denado a cuatro años y nueve meses de cárcel, Rato a tres años y Sánchez Barcoj a dos años y nueve meses por delitos de administración desleal y apropiación indebida. Reclama penas de entre seis meses y tres años de cárcel para el resto de acusados por apropiación indebida.
Bankia y BFA, a su vez, piden cuatro años de cárcel para Blesa, tres años para su expresidente Rodrigo Rato y penas que oscilan entre los tres meses y los dos años de prisión, para el resto. En total, pidieron abrir juicio oral contra 55 imputados, mientras que a once no les considera autores de delito, sino responsables civiles.
La Fiscalía Anticorrupción no atribuye a ninguno de los procesados administración desleal, sino apropiación indebida, y solicita penas de entre uno y seis años de cárcel para 66 exdirectivos por cargar a sus tarjetas 12,03 mi-
Según el auto, en el banquillo deberán sentarse hasta 66 implicados
llones de euros entre el 2003 y 2012. El fiscal encargado del caso, Alejandro Luzón, solicita además que Blesa sea condenado a pagar una indemnización de 9,3 millones de euros por los gastos que autorizó entre enero del 2003 y enero del 2010 y que Rato abone 2,6 millones por la cuantía de los cargos efectuados entre febrero del 2010 y mayo del 2012.
En principio, el juez Andreu había estimado que existen indicios de administración desleal en el caso de los imputados que ocuparon cargos en los consejos de administración de ambas entidades, porque son los órganos que autorizaron el uso de las tarjetas. El resto de los directivos que usaron las black habrían incurrido en apropiación indebida.
Anticorrupción pide las mayores penas para Miguel Blesa, que gastó 436.688 euros con su tarjeta opaca y se enfrenta a seis años de cárcel; y Rodrigo Rato, que podría ser condenado a cuatro años y medio por el desembolso de 99.054 euros. También pide penas de cuatro años para el exjefe de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (93.984 euros) y el representante de IU José Antonio Moral Santín (456.522). El fiscal solicita dos años para el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, (575.071 euros), y el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (235.817).
El uso de estas tarjetas habría causado a la entidad un perjuicio de unos 15,5 millones