Europa endurecerá su respuesta contra quienes ‘pasan’ refugiados
Statewatch teme que se criminalice la actividad de las oenegés y los voluntarios
Europa continúa trabajando en todos los frentes para tratar de frenar la llegada de demandantes de asilo. La lucha contra los pasadores y traficantes es clave en esta estrategia y los gobiernos preparan un endurecimiento de la legislación para desmantelar las redes de tráfico de personas con fines de explotación y desanimar a quienes, sin coerción de por medio, cobran por ayudar a refugiados a moverse y cruzar fronteras, según consta en un borrador de conclusiones del Consejo publicado por Statewatch. Esta oenegé teme que por el camino se criminalice también a quienes prestan ayuda humanitaria a los migrantes.
Aunque el contrabando y el tráfico de personas “son dos formas diferentes de delito” que tienen “diferente respuesta legal” a nivel europeo e internacional, “ambas aparecen a menudo ligadas” e implican “violencia física y psicológica y abusos a los derechos humanos”, afirma el primer documento de conclusiones del Consejo sobre el asunto. Statewatch ha dado la voz de alarma ante la manera en que los gobiernos igualan ambos fenómenos y teme que en el futuro la Unión vaya a darles el mismo castigo y “potencialmente criminalizar o marginalizar a las oenegés, población local o voluntarios que durante meses han estado recibiendo y ayudando a refugiados y migrantes a llegar a la UE”, advierte.
La presidencia holandesa de la Unión, que pretende celebrar en un debate con los ministros al respecto el próximo mes, aclaró ayer a través de un portavoz que el documento “ha sufrido cambios desde la semana pasada y previsiblemente habrá muchos más hasta marzo”. La revisión de la directiva sobre de personas sí pretende endurecer la respuesta legal al fenómeno pero la Comisión Europea niega rotundamente que esté pensando en criminalizar a voluntarios y oenegés cuando presente su propuesta para revisar la actual directiva. Al contrario, aseguran fuentes comunitarias, incluso “estamos explorando la posibilidad de obligar a excluir a las oenegés y otros actores de la criminalización si dan asistencia a migrantes por razones humanitarias”. Ahora mismo esta excepción no es vinculante.
La equiparación de trato a quienes ayudan y trafican con personas “es un tipo de política que hace tiempo que están tratando de aplicar los países europeos y se ha aplicado por ejemplo en México. Se trata de detener a los activistas de derechos humanos para evitar, precisamente, un enfoque de la inmigración desde el punto de vista de los derechos humanos”, afirma la investigadora Helena Maleno, activista en la oenegé Caminando Fronteras, que trabaja en el Estrecho. “Las Naciones Unidas, en cambio –señala Maleno–, está en otra línea, la de la solidaridad internacional, y bajo el derecho internacional lo que están haciendo las organizaciones de derechos hu- manos es aplicar esa solidaridad.
Los temores de Statewatch sobre la actitud de Bruselas ante la ayuda humanitaria a los refugiados vienen también del cambio que se prepara actualmente sobre el terreno en Grecia. Acnur, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, trabaja con las autoridades locales en la creación de un registro de personas y organizaciones que se dediquen a ayudar a refugiados para mejorar la coordinación. Statewatch sospecha que el trámite dificultará e incluso frenará esa labor. Laura Lanuza, portavoz de la oenegé de socorristas Open Arms, considera en cambio que “ese registro es muy razonable y es necesario, porque hay gente que se pone un chaleco amarillo comprado en la gasolinera y se dedica a trasladar a los campos de refugiados, a 70 kilómetros al interior de la isla, a los recién llegados, cobrándoles”. En Lesbos, añade, “se dan situaciones muy complicadas y hay que poner orden, sin criminalizar a nadie”.
La ONU y Grecia preparan un registro para poner orden en la asistencia a refugiados en las zonas de llegada