El TC se plantea por primera vez si debe requerir a Carme Forcadell
El Gobierno pide que se advierta también a la comisión del proceso
El Tribunal Constitucional (TC) vuelve a estar desde ayer en el centro de las tensiones entre el Gobierno, por un lado, y el Govern y el Parlament de Catalunya, por otro. El motivo es que el Ejecutivo presentó ante el TC lo que técnicamente se conoce como incidente de ejecución de sentencia, en relación con la que anuló la declaración rupturista aprobada por el Parlament el pasado 9-N.
El Gobierno entiende, en sustancia, que las instituciones catalanas están vulnerando aquella resolución con su decisión de activar la comisión de estudio del proceso constituyente de un Estado catalán. Y, por primera vez, pide al TC que utilice los nuevos instrumentos que la reforma legal de la institución puso en marcha a finales del año pasado para advertir directamente a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los propios miembros de la citada comisión, de la posible existencia de responsabilidades penales si esta nueva instancia entra en funcionamiento.
La resolución que ahora se impugna “tiene por objeto la misma voluntad decidida de po- ner en marcha, en el seno del Parlament de Catalunya, un proceso constituyente que, como tal, no tiene cabida en la Constitución”, sostiene el Ejecutivo en sus alegaciones. En este sentido, el texto subraya que la comisión se propone explícitamente identificar “las reformas de cambio social, político y nacional que han de configurar un proceso constituyente en Catalunya” y “el análisis de las diversas modalidades de estructura de Estado y su expresión constitucional”.
La Abogacía del Estado, que ha elaborado el texto, dice que “el carácter no legislativo de la comisión parlamentaria (...) es sólo un subterfugio o fraude para tratar de encubrir la inconstitucionalidad de sus fines”. El Gobierno cree, en suma, que se ha atribuido “un claro efecto jurídico a los trabajos de la comisión”, porque su informe y conclusiones “pueden dar lugar a una nueva declaración política o al inicio de decisiones concretas en orden a la consecución de un proceso constituyente de secesión de España”.
Estima la Abogacía del Estado que el informe de la comisión servirá “de fundamento para una subsiguiente elaboración de un texto normativo, o para el inicio de una tramitación legislativa, o bien para la fijación de pautas jurídicas de actuación” por parte de la Generalitat. Y subraya de nuevo que del contexto político y jurídico en que se adopta la decisión “se deduce con claridad que la creación de esta comisión no es sino un subterfugio o excusa artificiosa para continuar avanzando” en el proceso. Por todo ello, pide que “se requiera” a la presidenta del Parlament y a los miembros de la comisión “para que se abstengan de la realización de cualesquiera actuaciones tendentes” a ponerla en funcionamiento.
Los miembros de la comisión, que resultarían requeridos, son los diputados Muriel Casals, Lluís Llach y Marta Rovira (JpS); Joan Coscubiela, Albano Dante y Josep Lluís Franco (Catalunya Sí que es Pot), y Andrea Levy y Enric Millo (PP).
El Gobierno estima que el Parlament intenta llevar a cabo un “subterfugio” para seguir con el proceso