La Vanguardia (1ª edición)

Enrique Peña Nieto

PRESIDENTE DE MÉXICO

- MÉXICO

El Gobierno de Peña Nieto ha quedado señalado por el demoledor informe del grupo de expertos de la comisión interameri­cana de derechos humanos: le acusa de obstaculiz­ar la investigac­ión sobre los 43 estudiante­s de Iguala.

Redacción y agencias Después de un año investigan­do la desaparici­ón de 43 estudiante­s en Iguala, en el sur de México, el grupo de expertos independie­ntes designado por la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) ha acusado al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de obstaculiz­ar su trabajo. A lo largo de las más de 600 páginas de su informe final, el Grupo Interdisci­plinario de Expertos Internacio­nales (GIEI) cierra su papel en el caso asegurando haber sido “obstruidos” por las autoridade­s y haber sufrido una “fuerte campaña mediática” para desacredit­arlos.

“A partir de enero del 2016, la actitud colaborati­va del Estado fue disminuyen­do”, dijo la exfiscal guatemalte­ca Claudia Paz durante la presentaci­ón del informe final, después de que el Gobierno haya impedido prorrogar la investigac­ión y les fuerce a marcharse a finales de este mes.

Los expertos critican que no se les ha dejado entrevista­r a 17 sospechoso­s actualment­e encarcelad­os –sobre los cuales denuncian malos tratos y torturas–, ni obtener declaracio­nes de líderes políticos o de ex altos funcionari­os. “Esto demuestra que ciertos sectores no están interesado­s en la verdad”, opinó el abogado colombiano Alejandro Valencia. De acuerdo con el documento, la investigac­ión ha tenido dificultad­es que no son solo imputables a la complejida­d del caso.

La comisión se pregunta también sobre el papel del ejército y de la policía federal durante la noche de la tragedia. Según sus pruebas, la policía instaló retenes en diferentes puntos para evitar la salida de los autobuses. “La policía y el crimen organizado actuaron la noche del 26 de septiembre del 2014 en una zona de 80 kilómetros, lo que genera la certeza de una coordinaci­ón perfecta para evitar la huida de los autobuses en los que viajaban los estudiante­s”, afirmó la exfiscal colombiana Ángela Buitrago. De acuerdo con la Fiscalía mexicana, los 43 estudiante­s de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerado­s en un basurero tras ser perseguido­s y atacados por policías municipale­s en la ciudad de Iguala. No obstante, los expertos descartan la incineraci­ón porque no han encontrado pruebas de una hoguera de estas medidas.

En su cuenta de Twitter, Peña Nieto garantizó que la Fiscalía analizará el documento y que “seguirá trabajando para que haya justicia”. El departamen­to judicial agregó que tuvieron “un acceso total” a la investigac­ión y que cumplieron con el 85% de sus demandas.

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