Contratos rotos
Tras la conversación entre Obama y Zapatero, la Casa Blanca difundió un comunicado resumiendo la charla. 11 de mayo del 2010. Obama se interesó por la salud del rey Juan Carlos, dijo la Moncloa, pero en la West Wing, que son educados, no están para subterfugios. Lo central era el plan de reducción del gasto que el presidente español presentaría en las Cortes al día siguiente. Condicionada del todo por una crisis de alcance global, la apuesta económica de la administración socialista, tras meses de negacionismo, se iba a alterar de arriba abajo: el Estado de bienestar, tal como se había consolidado, entraba en la unidad de cuidados intensivos, de modo que la ciudadanía asumió que el Estado incumplía el contrato social sobre el cual se han desarrollado las democracias avanzadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Dicho incumplimiento, que ha supuesto la pérdida de calidad de vida de miles de familias, forzaba a una revisión crítica del sistema.
Pero durante aquellas semanas no se quebró sólo uno de los contratos que durante dos décadas habían permitido el funcionamiento del sistema. Al cabo de un mes y medio, el Tribunal Constitucional daba a conocer la sentencia sobre el Estatut d’Autonomia que los ciudadanos de Catalunya habían refrendado en el 2006. Habían pasado casi cuatro años desde el instante en el que el PP registró su recurso de anticonstitucionalidad. Aquel día los diputados Trillo y Sáenz de Santamaría pidieron que su recurso fuera tramitado con urgencia. Pero prisa, aquello que entendemos por prisa, no parece que los magistrados del TC la sintieran en exceso. Porque la sentencia, al fin, se hizo pública el 28 de junio del 2010. Se fosilizaba así un marco de relación que convertía en papel mojado el contrato territorial firmado durante la transición (un contrato que tenía la ambigüedad como cláusula secreta).
Si se pretendió inocular un virus, el hacker no pudo ser más astuto. Difícilmente el sistema podría aguantar dos ataques que confluyeron en el mismo momento. El problema es que, mientras el sistema se ha ido corroyendo, no se han consensuado nuevos contratos. En junio, pues, habrá que exigirlos de nuevo.