“Fijando un importe máximo buscamos proteger al arrendatario”
En un contexto de fuerte desempleo y de precarización laboral, los precios de los alquileres están aumentando debido a una mayor demanda. Ante esta realidad, el consistorio barcelonés propone iniciativas, como limitar los precios de los alquileres o incrementar las ayudas para acceder a una vivienda.
¿El Ayuntamiento puede controlar los precios estableciendo un tope?
No, porque no tiene competencias para modificar la LAU, pero sí que insta a la Generalitat y al Estado a estable un sistema para proteger a las personas con pocos recursos, tal y como hacen otros países de nuestro entorno.
¿Significaría limitar el mercado libre?
La idea no es actuar sobre todos los alquileres, ni limitar el mercado libre o congelar los precios, sino favorecer que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda digna. Necesitamos 100.000 viviendas de alquiler en manos del Tercer Sector o de la Administración.
¿Cuántas hay?
La ciudad dispone de 10.400 pisos de alquiler público a precios por debajo de los de mercado; de éstos 6.500 son viviendas sociales municipales. Está previsto que en un periodo de tres a cinco años se construyan 2.500 más, pero, para acercarnos a las grandes ciudades europeas, habría que multiplicar por diez el parque de alquiler asequible.
¿Y mientras, proponen establecer unos precios básicos en el alquiler?
Mientras ofrecemos ayudas para colectivos con rentas bajas y familias en riesgo de perder la vivienda, y a la vez buscamos alternativas como la de establecer un precio máximo en determinadas zonas y a determinadas rentas.
¿Cuál es la propuesta municipal?
Hemos tomado como referencia el modelo de Berlín, donde hay una ley estatal que limita el incremento de los precios en los nuevos contratos o renovaciones de alquileres de viviendas. En estos, el precio del alquiler no puede ser superior al 10% del precio medio de los alquileres del área donde está situado el inmueble. Esto significa que hay un sistema orientativo de precios medios de alquiler que está controlado por la Administración, y que se comprueban los incrementos.
¿Y se solucionarían los problemas?
Evidentemente el sistema no es perfecto, y habría que ver cómo se puede aplicar en Barcelona, puesto que la realidad berlinesa –Alemania destina anualmente 26.000 millones de euros a ayudas al alquiler, mientras que España, con la mitad del PIB, destina 900 millones– no es la misma que la barcelonesa, pero sí que es una medida para proteger al inquilino y que el propietario pueda sacar una rentabilidad correcta.
¿Estado y Generalitat se implican?
No, no están en la misma línea que el Ayuntamiento. Esperamos que, dentro de poco, tomen conciencia de la situación actual y se decidan a actuar.
Barcelona tendría que tener 100.000 viviendas de alquiler público, y sólo tiene 10.400