El Gobierno y la Generalitat acuerdan no llevar el ICF al Constitucional
Sáenz de Santamaría y Romeva pactan que la norma del banco público es legal
La Generalitat y el Gobierno central han pactado que el nuevo Institut Català de Finances (ICF) cumple con la legalidad, con lo que se evita que el Ejecutivo central lleve el caso al Tribunal Constitucional. Según las fuentes consultadas, la comisión bilateral entre Estado y Generalitat que lideran Raül Romeva, conseller de Afers Exteriors, y Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, acordaron que los cambios normativos en el ICF “no modifican la naturaleza jurídica de la entidad”.
En julio y en diciembre, el Govern aprobó una serie de modificaciones legales para transformar el banco público ICF en cuestiones como la gobernanza, con mayor presencia de consejeros independientes. El objetivo es dejar preparada la entidad para que cuando la Unión Europea lo permita, pedir una ficha bancaria y pasar a ser supervisado por el regulador europeo y español. No será un banco comercial tradicional con captación de depósitos y operativa de clientes, sino de apoyo a las empresas. Su actividad no cambiará respecto a lo que hace ahora.
Tras los cambios normativos de julio, el ministerio de Hacienda envió un requerimiento porque consideraba que la norma modificaba la naturaleza jurídica de la entidad y que la Generalitat no tenía competencias. Hacienda amenazó con llevar el caso al Tribunal Constitucional, como ya se ha hecho con otras leyes catalanas. La pasada semana el alto tribunal declaró inconstitucionales las leyes catalanas sobre el fraking y los centros comerciales. Como sucede en todos los casos antes de que el Gobierno lleve la norma al Constitucional las dos administraciones intentan llegar a un acuerdo en el si de la comisión bilateral Estado-Generalitat. En este caso, los servicios jurídicos de ambas administraciones han llegado a un acuerdo.
Ese acuerdo se prevé que se publique en el BOE (Boletín Oficial del Estado) y en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat) durante los próximos días.
El propio consejero delegado del ICF, Josep Sanromà, ha rechazado en varias ocasiones que las modificaciones legales introducidas en el nuevo ICF persigan convertirlo en una estructura de estado sino que es un proceso que debe llevarse a cabo independientemente de cuál sea el futuro político.
Después de la profunda crisis financiera que ha sufrido el sector financiero, la Unión Europea ha procedido a un profundo cambio normativo y regulatorio sobre las entidades bancarias. Actualmente, es el Banco Central Europeo (BCE) el que supervisa las entidades. A las grandes directamente y a las pequeñas por medio de los supervisores locales. En el marco de esa reestructuración, el ICF ha llevado a cabo los cambios normativos para estar preparados para cuando el BCE reorganice la banca pública en Europa. Cuando se regule el papel de estas entidades, el ICF solicitará al BCE la ficha bancaria que debe contar con el visto bueno del regulador local, en este caso el Banco de España. No obstante, a día de hoy no está claro si el BCE dará fichas bancarias estándar a los bancos públicos como el ICF o bien contarán con una ficha especial.
El Ejecutivo no llevará la norma al Constitucional como hizo con el ‘fracking’ o los centros comerciales