Bienvenidos a la era de la libertad limitada
Defensores del Pueblo alertan de la pérdida de libertades con la excusa de más seguridad
Esta es la era de la sospecha. Un mundo en el que ya no se penaliza únicamente el acto delictivo. Una actitud, una postura, una conducta o una tendencia religiosa bastan hoy para ordenar un registro en un domicilio particular, practicar un arresto o para montar una batida de identificaciones en plena calle. Y todo ello sin la necesidad de esperar a la bendición o autorización de los poderes judiciales. Empiezan a florecer en muchos países leyes que otorgan más poder a las autoridades administrativas, controladas directamente por los gobiernos, que a los jueces.
¿La excusa para cambiar la norma? El nuevo terrorismo y, en algunos casos, la amenaza de los refugiados. Es la respuesta más escuchada entre los políticos que impulsan esas nuevas leyes. Defensores del Pueblo de todo el mundo reunidos ayer en Barcelona alertan, sin embargo, de que el fino hilo del péndulo que oscila entre libertad y seguridad es hoy más frágil que nunca.
¿Ejemplos? Polonia no ha sufrido en su historia ningún atentado terrorista, pero eso no ha frenado a ese país a la hora de proponer una ley para combatir a los terroristas que, de aprobarse, limitará la libertad de los ciudadanos. Croacia llevaba bien la acogida de refugiados, pero las violaciones la noche de Fin de Año en Alemania cambiaron la percepción de muchos croatas que empezaron a ver a esas víctimas obligadas a dejar sus casas por la más cruel de las guerras, como bárbaros y violadores. Son dos reacciones de gobiernos y ciudadanos narradas ayer por Adam Bodnar y Lora Vidovic, Defensores del Pueblo en Polonia y Croacia, respectivamente. La última insiste “en que el ciudadano pasa de la pena al odio hacia aquello desconocido con mucha facilidad” y por eso insiste en que hay que ser muy cautos con los mensajes.
Los últimos atentados de París y Bruselas dejaron claro el cambio de estrategia del nuevo terrorismo, que ya no es nacionalista ni revolucionario. En este contexto, muchos gobiernos, coinciden estos “ombudsman” reunidos en Barcelona, se sienten tentados a restringir derechos y libertades fundamentales para combatir al nuevo enemigo. Francia ha sido uno de los países más castigados por esta barbarie. Y la respuesta política está pasando factura a los ciudadanos galos. “A fin de evitar esa amenaza que ahora es internacional se cae en la tentación (con más leyes) de criminalizar por actos, conductas o actitudes”, afirma el Defensor del Pueblo francés, Jacques Toubon. “Se están aprobando leyes –continúa– que castigan por una mera sospecha”. Toubon alerta de que las autoridades administrativas se están haciendo con “el mando de la situación”. Algo que considera peligroso por la estrecha relación entre esos poderes con autoridad para mantener la seguridad y el orden y los gobiernos que los eligen y nombran. El Defensor del Pueblo francés opina que “la frágil zona gris” del péndulo que se mueve entre dos polos, seguridad y libertad, está tocada. Desde los atentados de noviembre en París Jacques Toubon ha examinado, revela, ochenta querellas de ciudadanos que aseguran haber visto invadidos sus derechos y libertades con actos policiales amparados en esas nuevas normas y leyes que se basan en un aumento de la seguridad. Y concluye su intervención con algunas preguntas de difícil respuesta: ¿La sanción debe de convertirse en norma? ¿Hay que fundamentar nuestras políticas sobre el miedo? ¿Estamos en guerra y en guerra todo vale?
La situación ideal para mantener el equilibro entre seguridad y libertad “está en el principio de proporcionalidad”, afirma el Defensor del Pueblo de Portugal, José de Faria Costa. Aunque eso no encaja –añade– con operaciones policiales que pueden espiar comunicaciones privadas sin autorización judicial. Adam Bodnar, ombudsman de Polonia se muestra, por su parte, preocupado por “el aumento de servicios secretos, cada día con más dotación económica, a los que nadie controla, excepto los propios gobiernos que los han creado”. Su colega en Estonia, Ülle Madise, añade otra preocupación en esta nueva y desconocida era de la sospecha. “Ese gran hermano que todo lo vigila, no siempre es un gobierno. Hay que prestar también atención a
grupos muy bien organizados o programadores que tienen las herramientas para recabar y almacenar todo tipo de datos privados de los ciudadanos”. Y otro temor de Madise que comparten la mayoría de estos Defensores del Pueblo: “El riesgo ante estas nuevas amenazas a la seguridad es que medidas que en un principio tendrían que ser efímeras se tornen permanentes”.
Los ciudadanos de Francia y Bruselas saben perfectamente de qué habla la defensora del pueblo de Estonia, pues hace meses que padecen las consecuencias de leyes y normas que afectan a sus libertades y derechos fundamentales como personas. El estado de emergencia sigue vigente y en el caso francés esa situación se prevé mantener, como mínimo, hasta finales del mes de julio.
Las sospechas de estos defensores del pueblo europeos es que algunos países utilicen la amenaza del terrorismo o el conflicto de los refugiados para conseguir otros propósitos que nada tendrían que ver con esos problemas. Así lo aventura, al menos, Adam Bodnar, quien augura que Polonia podría tener otras intenciones con la propuesta de aprobación de una ley antiterrorista a pesar de no haber sufrido ningún atentado en su historia por parte de grupos yihadistas.
“Con esa norma, si es que se acaba implantando, las fuerzas policiales tendrían, por ejemplo, potestad para disolver una asamblea o manifestación pública”. Y eso le va muy bien a cualquier Gobierno –continúa Adam Bornar– cuando detecta que en la calle hay movimientos que nada tienen que ver con el terrorismo, pero sí van en contra del poder establecido”.