Antonio Sánchez
DIR. GRAL. COOR. ADMÓN. ESTADO
Antonio Sánchez es director general de la coordinación de la administración periférica del Estado, que aunque ha informado al público sobre la forma de evitar las colas para obtener certificados, no ha logrado el objetivo.
Redacción y agencias La obtención de los penales por delitos sexuales que cualquier ciudadano necesita presentar para poder trabajar con menores, como es el caso de profesores, pediatras o monitores de ocio, sigue siendo una odisea en Catalunya que sólo tiene una oficina de expedición de estos documentos, la gerencia territorial de Justicia de la calle Garcilaso, 123. Ayer, para colmo, falló el suministro de electricidad, lo que obligó a interrumpir su actividad normal pese a que algunos solicitantes habían llegado de madrugada para asegurarse los documentos que reclaman las empresas. El caos se está produciendo con la modificación de la ley de menores de julio del 2015 que exige a las organizaciones saber si sus empleados tienen antecedentes por delitos contra la libertad sexual (agresión, asalto, abuso, exhibicionismo, provocación, prostitución, explotación, corrupción de menores y tráfico de seres humanos).
“Tenemos 1.000 certificados penales de los 1.800 que necesitamos acreditar antes de verano”, explica Jordi Roman, responsable de recursos humanos de Fundesplai y presidente de la comisión de ocio educativo de la Confederació. “La espera por correo postal es de cuatro meses y las colas ante la oficina no han dejado de aflojar desde el pasado enero” en que se empezó a requerir este certificado. “Estamos recomendando –continúa– que se olviden de la oficina Garcilaso y del correo postal, que aconsejamos inicialmente, y que utilicen los medios digitales que son más efectivos y rápidos”, indica el responsable de la patronal del tercer sector social.
Los medios digitales a los que alude son el DNI electrónico activado, lo cual puede hacerse en cualquier comisaría, junto a una tarjeta lectora USB (de unos 15 euros). Y una segunda opción es el certificado digital que confirma la identidad de un usuario y sirve para multitud de trámites con la administración. La firma digital se instala en el ordenador o en un pendrive y sirve para múltiples trámites con la administración. “A veces se colapsa dos o tres días”, asegura Roman, que indica que las empresas se ven obligadas a responder en la declaración de responsabilidad exigida por la administración que “está en vías de obtención”.
Ayer se realizaron unas jornadas informativas en las que el director general de coordinación de la administración periférica del Estado, dependiente de Hacienda y Administraciones Públicas, Antonio Sánchez, informó de que también puede solicitarse en los registros de cualquier órgano administrativo de la administración general del Estado, comunidades autónomas o administración local, así como en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.