Borja Prado
PRESIDENTE DE ENDESA
Endesa propone que el bono social, con descuentos del 25% en la factura eléctrica, se rija por la renta. También plantea crear un fondo participado por empresas y administraciones que asegure el suministro a las familias con menos recursos.
La eléctrica Endesa planteó ayer en la junta la necesidad de que el nuevo gobierno aborde el rediseño del bono social, que ofrece descuentos del 25% sobre el total del recibo de la factura eléctrica. En estos momentos, 2,4 millones de consumidores se benefician de esa rebaja en España, lo que supuso 180 millones de euros en el año 2015. Para beneficiarse del bono social hay que cumplir algunos de los siguientes requisitos: hogares con menos de tres kilovatios de potencia contratada, pensionistas con prestaciones económicas mínimas, familias con todos sus miembros en paro o familias numerosas. Este último colectivo es el que debería excluirse, en principio, del bono social porque puede acogerse al mismo con independencia de los ingresos familiares obtenidos.
Tanto el presidente, Borja Prado, como el consejero delegado, José Bogas, abordaron el problema de la pobreza energética y reclamaron que se evite que reciban las ventajas del bono social “familias que no se encuentren en situación crítica”. El rediseño pasa, en opinión de Bogas, por tener en cuenta “los niveles de renta de los hogares españoles”.
También propone la creación de un fondo mixto, en el que particirrido pen las empresas y las administraciones públicas, “que asegure el suministro a las familias que no pueden pagar la factura eléctrica ni siquiera con un descuento y que sean identificadas como tales por los servicios sociales de los diferentes ayuntamientos”. En el caso de Barcelona, Prado subrayó que no se corta el suministro a ninguna familia en situación de pobreza energética “que haya sido identificada por los servicios de asistencia”. No obstante, avanzó que Endesa ha recu- la normativa, aprobada por Ada Colau a principios de este mes, por la que se multará a las empresas que corten la luz, gas o agua a hogares vulnerables. “No es bueno hacer leyes sin respetar los derechos de todos”, advirtió. El directivo destacó, asimismo, que habría que actuar “en la raíz del problema, puesto que las familias afectadas por la pobreza energética viven en viviendas cuyo aislamiento térmico es muy deficiente”. Prado recordó que hay un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, firmado con Xavier Trias, y renovado hace un año.
Otra de las cuestiones que los directivos pusieron sobre la mesa es “que se limpie la tarifa de extracostes y cargas impositivas ajenas al suministro”. Respecto al cierre de Garoña, Prado argumentó que “no tenemos ningún compromiso político”. Y que los criterios para saber si se cierra o no serán estrictamente “técnicos y financieros”. Por último, reclamó un futuro gobierno “estable” para poder emprender inversiones.
2,4 millones de consumidores se benefician de una rebaja del 25% en la factura de la luz