Bruselas aplaza la prórroga del déficit español
El Ecofin rechaza la maniobra de Juncker para evitar el desgaste político del Gobierno
Los ministros de Economía de la eurozona (Ecofin) acordaron ayer aplazar la aprobación de un año adicional a España para reducir el déficit. Aunque esa prórroga llegará, no será antes de que se discuta si se le impone una multa por la desviación.
Nadie la discute, pero España no obtuvo ayer la prórroga de un año negociada por el Gobierno con la Comisión Europea para colocar el déficit público por debajo del 3% en el 2017, en lugar de este año. El aplazamiento llegará pero sólo en julio, pasadas las elecciones, y acompañado de la exigencia de que el Ejecutivo, aunque en funciones, aplique la ley de estabilidad presupuestaria y logre así reducir el gasto a nivel autonómico y local.
El Consejo de Ministros de Economía de la UE (Ecofin), reunido en Luxemburgo, se negó a adoptar la recomendación de la Comisión de dar a España un año adicional sin antes evaluar su grado de (in)cumplimiento de las metas fiscales pactadas, una maniobra que el servicio jurídico de los gobiernos declaró sin base legal. “Hemos decidido posponer el debate hasta que la Comisión publique su propuesta formal sobre el procedimiento por déficit excesivo”, anunció Dijsselbloem. “La prórroga no la discute nadie, sólo se ha cuestionado la forma en que se comunica la nueva senda fiscal”, recalcó por su parte Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones. La fórmula pactada para tapar el desacuerdo consistió en dejar la mención al 2017 entre corchetes.
Tanto España como Portugal se exponen a la imposición de multas por haber incumplido sus metas fiscales, una situación nunca dada hasta ahora en la zona euro. Bruselas debía haber concluido el 18 de mayo que en España ha habido una “falta de medidas efectivas” para reducir el déficit. Pese a la inofensiva apariencia del enunciado, habría desencadenado automáticamente un proceso de sanciones que incluyen potenciales multas (hasta 2.000 millones en el caso de España) y la congelación de fondos comunitarios, dentro la lógica de castigo que se impuso en plena crisis del euro y hoy chirría a oídos de muchos. Una maniobra de última hora de Juncker frenó la decisión para “no interferir en las elecciones”.
Guindos sostiene que no habrá sanción “ni moral ni económica” contra España pero varias fuentes europeas señalan que “la incertidumbre es total” sobre cuál será el desenlace del caso. Se da por descontado que la Comisión dictaminará el 5 de julio que España no tomó medidas efectivas para reducir el déficit en los años 2014 y 2015, de ahí la necesidad de darle un año más para colocarlo por debajo del 3%, como ya propuso sin éxito en mayo.
Dada la situación de interinidad política en España, que no estará resuelta a primeros de julio, Bruselas renunciará a pedir medidas concretas de ajuste al Gobierno y optará por reclamar recortes en forma de ajuste del gasto en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, han revelado a este diario fuentes europeas, tal y como se hizo en marzo mediante una ‘recomendación autónoma’ que llevó al gobierno a anunciar medidas de contención del gasto. “Es allí donde sigue estando el problema”, recalcan. El informe post rescate sobre España publicado ayer destaca que mientras el recorte de 2.000 millones en el gasto a nivel central sí se ha ejecutado, a nivel autonómico y local son todavía una “intención”.
El proceso no acaba aquí. Desde el momento en que el Ecofin adopte el dictamen y la prórroga para España –el 12 de julio– se activará el proceso de infracción. Bruselas tendrá 20 días de plazo para fijar la cuantía de la sanción. Madrid aspira a que la Comisión responda a los ministros recomendando cancelar el proceso y, desde el primer momento, aclare que, a su juicio, España no debe ser multada. Fuentes comunitarias no lo descartan: ni Juncker ni Pierre Moscovici, comisario europeo, quieren multar a España pues comprenden los motivos alegados por el gobierno para no haber tomado más medidas de ajuste, aseguran. España cuenta con el apoyo de Francia e Italia en el Consejo para rechazar la multa pero necesitará una mayoría mucho más amplia para lograrlo.
Sin embargo, de forma automática, quedarían congelados parte de los fondos estructurales de España para el 2017. Se reactivarían si, a los tres meses, el Ecofin concluye que el Gobierno español ha adoptado medidas efectivas para corregir la desviación presupuestaria detectada, algo complicado sin gobierno, de ahí también el empeño de Bruselas por pedir acciones vía la ley de estabilidad presupuestaria.
Los ministros de Economía rechazan la maniobra de Juncker en apoyo del Gobierno Dada la situación de interinidad política, Bruselas no pedirá medidas concretas