El Govern recuperará con nuevas leyes los impuestos propios anulados por el TC

El Govern ha puesto en marcha los mecanismos para recuperar los impuestos de la Generalitat anulados por el Tribunal Constitucional (TC) a partir de los recursos interpuestos por el Gobierno español. La intención es impulsar, antes del 31 de julio, una serie de iniciativas legislativas, que posteriormente deberá tramitar y aprobar el Parlament, que permitan restablecer, en concreto, el impuesto sobre los depósitos bancarios y el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear.

El Departament d’Economia, que dirige el vicepresidente Oriol Junqueras, está estudiando, en este sentido, la fórmula más adecuada para que el impuesto sobre los depósitos bancarios que grava a las entidades financieras (del 2012) –que tenía una previsión de recaudación de 688 millones de euros anuales– sea compatible con el creado por el mismo concepto por el Gobierno español poco tiempo después de que lo hiciera la Generalitat y que es el que actualmente está en vigor. Y trabaja también en el rediseño del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear (del 2014) –con una previsión de recaudación de 59 millones al año–, de manera que se puedan evitar las interpretaciones de doble imposición. Lo más probable es que los cambios sean articulados a través de proyectos de ley.

Estos tributos anulados son dos de los que la CUP había pedido incorporar a los presupuestos de la Generalitat del 2016, en el marco de la fallida negociación de las cuentas, y que el Govern se había comprometido por escrito a incluir y que ahora quiere sacar adelante por su cuenta. Además de la recuperación de los dos impuestos, el Departament d’Economia tiene intención asimismo de reformar algunos tributos propios vigentes con el objetivo de adaptarlos a las recomendaciones de la Unión Europea (UE). Es el caso del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales (del 2000), que por medio de un proyecto de ley se apuesta por transformarlo en un tributo de carácter ambiental, y del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno producida por la aviación comercial (del 2014), que a través de un decreto ley se buscará una mayor encaje con los preceptos de la UE. Y en la misma línea se situará igualmente el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, la popularmente llamada tasa turística (del 2012), con la voluntad de introducir las modificaciones, mayormente de carácter formal, que el Govern ya había incluido en la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2016 y que no pudieron aprobarse a causa de la negativa de la CUP a retirar su enmienda a la totalidad contra el proyecto.

Con esta batería de actuaciones, el Departament d’Economia pretende demostrar que en materia fiscal estaba dispuesto a llegar lejos en la negociación de las cuentas, de no ser por el rechazo que impidió que superaran el primer trámite en el Parlament. Unas actuaciones que, de todos modos, desde el Govern se considera necesario poder sacar adelante con o sin presupuestos, y de ahí las iniciativas emprendidas ahora. El resultado que de ellas se obtenga será, en principio, el mismo que se habría conseguido si hubieran figurado en las cuentas, pero, a pesar de ello, con una diferencia sustancial no menor: la aprobación de los presupuestos hubiese sido relativamente rápida y habrían podido entrar en vigor, por tanto, de inmediato, mientras que con el nuevo sistema es impredecible calcular cuánto tiempo se prolongará su tramitación en el Parlament.

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