Voces de muerte
La letrada incorpora el caso a la causa del franquismo
A los ochenta años de su captura y fusilamiento, la justicia universal acepta investigar el asesinato de Federico García Lorca en la madrugada del 17 de agosto de 1936: la juez argentina María Servini de Cubría ya ha enviado un exhorto al Consejo General del Poder Judicial para añadir el caso del poeta a la investigación sobre los crímenes del franquismo.
A los ochenta años de su captura y fusilamiento, la Justicia Universal acepta investigar el asesinato de Federico García Lorca en la madrugada del 17 de agosto de 1936. Será la juez argentina María Servini de Cubría, que ya ha enviado un exhorto en este sentido al Consejo General del Poder Judicial español, la encargada de añadir el caso del poeta a la investigación en curso sobre los crímenes del franquismo.
La respuesta de la juez, conocida el mismo día que se cumple el aniversario de la desaparición de Lorca, es consecuencia de un informe elaborado por la Jefatura Superior de Policía de Granada, fechado en 1965, el primer documento oficial conocido que alude a los acontecimientos ocurridos en aquellos días de agosto en la capital andaluza, donde la sangre se vertió sin descanso ni piedad. Un documento hallado en abril del
María Servini ha enviado ya un exhorto al Consejo General del Poder Judicial español
año pasado que algunos atribuyen a la presión que la opinión pública internacional ejerció sobre Franco.
En pleno apogeo de su dictadura, Franco pidió ese informe policial, que resulta ser muy parcial, con algunos errores importantes y con muchos nombres tachados, porque consideraba que en 1965 el conocimiento de la verdad, o al menos de la verdad oficial que se fabricó, no podía perjudicarle, ni a él ni al régimen que había construido.
Con base en ese informe policial, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) decidió llevar el tema a la juez Servini para que la incorporara a su causa por crímenes contra la humanidad bajo la carátula N.N.S/Genocidio. La decisión de acudir a la justicia argentina es la única vía que tienen las asociaciones memorialistas después de que el juez Baltasar Garzón fuera inhabilitado tras abrir una causa contra los crímenes del franquismo en la Audiencia Nacional.
El documento expone que García Lorca fue detenido por “socialista” y “masón”, acusaciones que los enemigos del Cabezón, nombre que daban a Lorca, lanzaron durante meses. Aunque Lorca nunca ocultó sus simpatías hacia la izquierda, o al menos hacia una determinada izquierda política, jamás militó en ningún partido. El informe también recoge que “eran vox populi sus prácticas de homosexualismo”, aunque reconoce que no existe prueba alguna.
Todo el informe está orientado a achacar la responsabilidad de lo sucedido a elementos incontrolados que se la tenían jurada a García Lorca. Cita a Ramón Ruiz Alonso (diputado de la CEDA y enemigo de la familia Lorca), al abogado ultraderechista Juan Trescastro y otros nombres que aparecen tachados, pero ninguna referencia a personajes clave, como el gobernador Valdés o el teniente falangista Nestares. También se recogen los intentos de los hermanos Rosales, todos ellos dirigentes falangistas en la época y grandes amigos de Lorca, por salvarle la vida.
Ahora Servini tiene en su mano arrojar luz sobre el asesinato que en su momento más conmovió a la opinión pública mundial y que mayores quebraderos de cabeza proporcionó al dictador.