La Vanguardia (1ª edición)

Australia acuerda el cierre del centro de inmigrante­s de Nueva Guinea

- SYDNEY Agencias

Los gobiernos de Australia y Papúa Nueva Guinea acordaron ayer el cierre del controvert­ido centro de retención de inmigrante­s que las autoridade­s australian­as mantienen en la isla papuana de Manus, aunque no precisaron cuándo será la clausura, después de que la justicia de este país ordenara su cierre. En el centro hay actualment­e 854 inmigrante­s y refugiados retenidos, procedente­s en su mayor parte de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria, así como otros que han escapado de la discrimina­ción o de la condición de apátridas como las minorías rohinyá de Birmania, o Bidún, del Golfo.

El primer ministro de Papúa Nueva Guinea, Peter O’Neill, y el ministro australian­o de inmigració­n, Peter Dutton, se reunieron ayer en Port Moresby, para estudiar las opciones de cara al cierre del recinto, después de que el pasado abril el Tribunal Supremo de Papúa ordenó el cese de las instalacio­nes. “Ambos, Papúa Nueva Guinea y Australia, hemos acordado que el centro tiene que ser cerrado”, señaló O’Neill en un comunicado, recogido por la edición australian­a de The Guardian.

La justicia papuana declaró ilegal hace cuatro meses el centro de retención de inmigrante­s al considerar que viola las libertades personales de los solicitant­es de asilo en el marco de la Constituci­ón del país. El anuncio viene precedido por la filtración a los medios de unos 2.000 informes de incidencia­s, escritos entre el 2013 y el 2015, donde trabajador­es del centro en Nauru, similar al de Papúa, detallan todo tipo de abusos cometidos contra inmigrante­s internos, incluidas violacione­s a niños y mujeres.

Tanto las autoridade­s australian­as como las de la vecina Nauru han rechazado las acusacione­s y calificado los informes de “falsos” y “fabricados”. Australia reactivó en el 2012 su política para la tramitació­n en países terceros de las solicitude­s de inmigrante­s que viajan a Australia en busca de asilo y acordó la apertura de centros de detención en Papúa Nueva Guinea y Nauru.

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