Un Parlamento emancipado
A la autonomía política el Congreso suma la independencia económica que le garantiza un remanente de 87 millones de euros
El Congreso de los Diputados, que en unos días acogerá la más insólita sesión de investidura en casi 40 años de democracia, es un parlamento que ya no tiene que demostrar su independencia y madurez. Más que nunca en todo este tiempo, la Cámara legislativa española puede presumir hoy de completa autonomía, no sólo en el sentido político y soberano que se le supone, sino también en el terreno económico. La clave: un excedente financiero que acumula ya más de 87 millones de euros.
La breve legislatura que transcurrió entre el 13 de enero y el 19 de julio, tras las elecciones del 20-D, sirvió para poner a prueba la fortaleza institucional y representativa del Congreso, así como su poderío en la relación con el Gobierno. Un Gobierno por primera vez minoritario respecto a la correlación de fuerzas parlamentarias salida de las urnas.
Era una situación excepcional, pues el Ejecutivo se hallaba en funciones mientras la Cámara empezaba a legislar y a controlar al consejo de ministros. Pero en cuanto a la ya materializada ruptura del bipartidismo y a efectos de la posible formación de un gobierno ordinario que igualmente sería minoritario, la experiencia tiene todo el valor posible de un precedente. Pese a las dudas iniciales sobre las capacidades legislativas y de control parlamentario en esa situación de provisionalidad del gabinete de Mariano Rajoy, los grupos del Congreso, con el aval político de la Mesa y el visto bueno de los juristas de la casa, lanzaron, tramitaron y debatieron decenas de propuestas legislativas.
Después de diez mandatos con mayorías absolutas, estables o fuertes pero en todo caso basadas en la alternancia entre dos formaciones hegemónicas, por primera vez el Congreso dejaba de ser una “Cámara de seguimiento” para aflorar como genuina sede
El dinero del Congreso y el Senado pasó hace cinco meses, tras concurso público, a estar en CaixaBank
de la representación popular sin ataduras con el Ejecutivo.
Tal como lo plantea el veterano letrado de Las Cortes Manuel Fernández-Fontecha, estamos ante la “reaparición” y realización plena del “sistema netamente parlamentario consagrado en la Constitución de 1978”; un régimen que el bipartidismo y las mayorías dominantes venían “tapando” hasta ahora a la par que daban al Gobierno un carácter demasiado “presidencial” apartado de la letra de la Carta Magna.
La emancipación del Parlamento alcanzó su mayor expresión cuando el Congreso se encaró al Gobierno, por decisión de todos los grupos menos el PP, a causa de los plantones que los ministros de Defensa, Interior y Fomento dieron a sendas comisiones convocadas para que explicaran sus políticas. El pleno acabó planteando al Ejecutivo un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, que abordará el caso en septiembre. Fue el acto de rebelión que ponía la guinda a una separación de poderes no ya verdadera sino casi dramática.
Esta “liberación” política de la Cámara Baja viene a darse en una situación de extraordinaria holgura económica que blinda la independencia de la entidad. Frente a un presupuesto anual de 85,5 millones de euros, el Congreso dispone hoy de un “fondo de remanentes” que, después de años de vertiginoso crecimiento, alcanza ya los 87,2 millones: una hucha que, concebida precisamente para “evitar el sometimiento al poder ejecutivo” en uno de esos vaivenes que la historia da a veces, proporciona a la institución una salud financiera exultante. Tanto, que en distintos momentos algunos grupos la han considerado excesiva y han planteado gastar en mejoras una parte del dinero.
La opulencia del Congreso se suma además a la que, en proporciones similares entre excedentes y presupuestos, también disfrutan el Senado y el órgano de las Cortes Generales, con 44 y 66 millones de euros de remanentes, respectivamente. Así, el total de lo reunido por las Cámaras ronda los 200 millones.
Aunque la búsqueda de autonomía financiera respecto a los gobiernos se pierde en la noche de los primeros tiempos parlamentarios, la tradición oral de los letrados e interventores sitúa la creación de la primera cuenta propia de las Cortes en una resolución no escrita del Ministerio de Hacienda de la Segunda República. En vez de pasar al presupuesto del año siguiente, los excedentes empezaron entonces a acumularse en ese depósito aparte. Un mecanismo que se convalidó en las Cortes franquistas.
Cuando en 1977 se instauró el parlamento democrático, el fondo ascendía a cien millones de pesetas. Los constituyentes decidieron invertir el montante en deuda pública. Más adelante, la Mesa lo sacó del Banco de España para meterlo en cuentas de entidades que primero fueron semipúblicas (Banco Exterior, Argentaria) y luego privadas (Bilbao, Santander). En 2003, el Congreso estableció restricciones al gasto de estas cantidades, que sólo podrían destinarse a necesidades urgentes o “inmovilizado material”.
Las primeras informaciones públicas y completas sobre el fondo de remanentes del Parlamento salieron hace unos pocos años. En 2015 surgieron críticas internas por la “baja remuneración bancaria” de los depósitos. Hace sólo cinco meses, las Mesas del Congreso y el Senado acordaron, bajo concurso público, poner todo el dinero en manos de CaixaBank.