La acusación popular pide seis años de cárcel por el 9-N
La acusación popular en la causa del 9-N ha incluido en su escrito de calificación el delito de malversación de caudales públicos y solicita por él seis años de prisión para Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.
La representación de la acusación popular corre a cargo de los sindicatos policiales Sindicato Profesional de la Policía y la Unión Federal de Policía, y reune además a un compendio compuesto por la Asociación Nacional del Arca Ibérica, la Asociación ProJusticia XXI (del abogado Emilio Rodríguez Menéndez) y a un ciudadano. En su escrito de calificación provisional, entregado ayer en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, se desmarca de la línea del juez instructor y de la Fiscalía, que no contemplaban la existencia de malversación, sino solo de desobediencia grave al Tribunal Constitucional y de prevaricación.
Según informaron ayer los sindicatos policiales en una nota, la acusación popular entiende probado que la consulta fue responsabilidad de Mas, Ortega y Rigau, y que se llevó a cabo mediante fondos públicos, que suman 4.710.910 euros. Por ello habría malversación y considera a los tres acusados responsables, para los que pide seis años de cárcel.
También cree que existe
Dos sindicatos policiales creen que la consulta se llevó a cabo con una malversación
una desobediencia grave, por la que exige una multa de 36.000 euros para cada uno, y prevaricación administrativa, que iría acompañada de una pena de inhabilitación especial para cargo público por diez años. Además, pide que se informe al Tribunal de Cuentas, por si hay ilícitos contables, y a la Agencia de Protección de Datos, por si hubo vulneración en este campo.