Catalunya dará tarjeta sanitaria por ley a todos los empadronados
El Govern aprobó ayer un proyecto de ley que reestablece la universalidad de la asistencia sanitaria para todos los residentes en Catalunya, eliminando el requisito actual de acreditar un empadronamiento de tres meses para acceder a la atención primaria y especializada. Esta propuesta, que corrige un conjunto de instrucciones ordenadas por el Departament de Salut después de que el Gobierno español suprimiera la asistencia a los inmigrantes en el 2012, adquirirá rango de ley después de ser aprobada por el Parlament.
El Govern argumenta que la salud pública no puede exponerse a “dejar a una parte de la población sin control médico” además de que aumenta “la vulnerabilidad de los colectivos en riesgo de exclusión social”, según explicó la portavoz del Govern, Neus Munté.
El proyecto de ley regulará también las “exigencias de acceso” a la atención y a la gestión de las urgencias médicas con el fin de excluir el llamado turismo sanitario, uno de los argumentos que utilizó el Gobierno del PP en el 2012 para dejar fuera de cobertura sanitaria a varios colectivos. Catalunya, como otras comunidades autónomas, no aplicó el decreto del Gobierno en su totalidad y el Departament de Salut autorizó, mediante una serie de instrucciones, el acceso a la totalidad de la cartera básica de servicios (urgencias, primaria y especialistas) a todos los ciudadanos extranjeros que acreditaran un empadronamiento de tres meses. Los inmigrantes recibían en este caso una tarjeta sanitaria similar a la oficial, que debían renovar al año, y que les garantizaba cobertura sanitaria completa. Con esta medida, recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, “se ha dado cobertura a 137.000 personas que hubiesen quedado excluidas por la norma estatal”, explicó Munté. Otro de los problemas del real decreto, la pérdida de cobertura para los que viven en el extranjero, se corrige y los catalanes que consten en el Registre de catalans i catalanes residents al exterior tendrán garantizada la asistencia.
El real decreto ley 16/2012, de 20 de abril anuló las tarjetas sanitarias de los inmigrantes no registrados y dejó su atención en manos de los servicios de urgencias, salvo en el caso de menores de edad y embarazadas que mantuvieron la cobertura total. La mayoría de comunidades siguieron atendiendo, con limitaciones, a los residentes.