La construcción se reactiva en los cuarteles de Sant Andreu
El Consorci de la Zona Franca saca a concurso la edificación de un bloque de pisos en el que se realojarán 78 familias que viven en la zona
Tras cinco años sin movimiento de obras, las grúas volverán a hacer acto de presencia en los terrenos de los antiguos cuarteles de Sant Andreu. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha anunciado que sacará a concurso público la construcción de un edificio de 78 viviendas sociales en el que se realojarán las familias afectadas por el desarrollo urbanístico de la zona.
Será el primer edificio de uso residencial que construya el Consorci en el barrio tras la adquisición de los terrenos en el 2004. La crisis económica e inmobiliaria congeló por completo los planes de levantar unas 2.000 viviendas (1.200 de ellas a cargo de las administraciones) y doce equipamientos en un ámbito de más de 107.000 metros cuadrados. La última gran intervención que se hizo fue el centro sociosanitario de Sant Andreu, finalizado en el 2011.
El primer bloque de pisos que hará el Consorci servirá para realojar diversas familias que actualmente viven en viviendas de las calles Palomar y Torras i Bages que están afectadas por la modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) aprobada en el 2005 para crear el nuevo barrio en los terrenos de los antiguos cuarteles de Sant Andreu.
Una parte importante de los afectados son personal jubilado del ejército, inquilinos del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied). Fuentes del Consorci apuntan que hay firmados 71 convenios con los vecinos afectados, cada uno adaptado a su casuística personal. En función de las condiciones en las que están residiendo actualmente pasarán a tener un piso en propiedad o de alquiler en el nuevo bloque de viviendas cuya construcción sale a concurso público por un importe inicial de cerca de 11 millones de euros dividido en dos lotes, uno para el movimiento de tierras y la estructura y otro para el proyecto arquitectónico y las instalaciones.
El edificio de viviendas se levantará en un solar de 1.648 metros cuadrados en el número 130 del paseo Torras i Bages. Constará de tres bloques: uno de cinco plantas, otro de ocho y un tercero de trece. La mayoría de hogares serán de unos 90 m2, aunque también habrá de 70 y de 45. Si se cumplen los plazos, en dos años y medio estarán habitados.
El desarrollo inmobiliario del barrio está a la espera de la urbanización de la zona, que va a cargo del Ayuntamiento tal y como acordaron Consorci y Consistorio en su momento. La urbanización tendrá un coste de unos 13 millones de euros. De momento, el Ayuntamiento, a través de la empresa pública Bagursa, tiene previsto invertir tres millones el año que viene. Para el resto no tiene fecha.
El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca, Jordi Cornet, reclamó ayer celeridad al Ayuntamiento. “Estamos pendientes de que hagan toda la urbanización para poder desarrollar
El desarrollo definitivo del barrio está pendiente de una inversión municipal de 13 millones
la construcción de equipamientos y viviendas”, dijo Cornet, que mostró su convencimiento de que el gobierno municipal tirará adelante las obras. En la última junta del Consorci todos los partidos excepto la CUP se mostraron favorables al proyecto. Cornet confía en que esa unidad se mantenga a la hora de pactar las inversiones en la sala de plenos del Consistorio. Pese a ello, ayer el Ayuntamiento mostró su “sorpresa” por la presentación del concurso público realizada por el Consorci de manera unilateral.
Mientras tanto, la Hermandad de Antiguos Legionarios, que ocupan uno de los edificios afectados por el desarrollo urbanístico, están pendientes de lo que pase con ellos. En su lugar debe levantarse un equipamiento juvenil. Cornet confirmó ayer que, en virtud del convenio firmado con la entidad, los legionarios podrán seguir manteniendo su actividad allí hasta que no se construya nada en el lugar. “Tenemos un acuerdo con ellos, usarán el terreno hasta que los echemos porque vamos a construir”, explicó Cornet, que instó al equipo de gobierno municipal a buscarles otro emplazamiento si los quieren fuera de allí. “Mejor un ocupante controlado que uno descontrolado”, zanjó Cornet.