El moderado Enric Millo será delegado del Gobierno en Catalunya
El Consejo de Ministros reclama revocar la decisión mayoritaria contra la Lomce
El flamante portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, sostiene, a la europea manera, que “para bailar un tango se necesitan dos”. Pero que, ante la situación de minoría parlamentaria que padece el Ejecutivo de Mariano Rajoy, para sacar adelante todo lo que tiene por delante –empezando por el techo de gasto y los presupuestos generales del Estado– van a necesitar a “muchos más” que dos.
La capacidad de diálogo y voluntad de acuerdo que proclaman Rajoy y el propio Méndez de Vigo, no obstante, nada tienen que ver con lo que a su juicio supondría una auténtica vulneración de la Constitución que alteraría todas las reglas del juego. Por eso, el Consejo de Ministros –presidido por Soraya Sáenz de Santamaría en ausencia de Rajoy– acordó ayer reclamar a la mesa del Congreso de los Diputados la revocación de la decisión que adoptó el pasado 18 de octubre, con los votos del PSOE, Podemos y Ciudadanos, por la que rechazó el veto que el Gobierno planteó a dos proposiciones de ley socialistas, una de ellas para suspender el calendario de aplicación de su ley educativa, la Lomce, cuya toma en consideración aprobó el pasado martes el pleno de la Cámara Baja con la única oposición del PP. El Gobierno sufrió así su primera gran derrota parlamentaria en esta legislatura que acaba de echar a andar.
Y ahora contraataca. Con el mismo argumento con el que trató de vetar dicha tramitación parlamentaria, y es que altera el marco presupuestario y, por tanto, el marco constitucional. El Gobierno esgrime el artículo de la Constitución que le habilita para oponerse a toda proposición que implique un aumento del gasto o una disminución de ingresos de las cuentas públicas. Y, en el caso de la suspensión del calendario de aplicación de la Lomce, según Méndez de Vigo, supondría perder 615 millones de euros del Fondo Social Europeo ya comprometidos para su ejecución. Dicha disminución de ingresos, a juicio del Ejecutivo, vulneraría el precepto legal. “Este es un debate constitucional. Hay una controversia jurídica entre la mayoría de la mesa de la Cámara que tomó una decisión y el Gobierno que estima que sus argumentos deberían haberse impuesto. Cuando existe un conflicto de estas características, hay un procedimiento tasado, y el Gobierno pide a la Cámara que reconsidere y revoque esa decisión. Es muy importante, no es simplemente que el Gobierno quiera imponer su tesis”, argumentó Méndez de Vigo. Y es que, a su juicio, en caso contrario los presupuestos generales del Estado no serían el marco de referencia de la legislatura, “porque podrían en cualquier momento ser desvirtuados por una decisión mayoritaria del Parlamento”.
Es una cuestión de “trasfondo político” profundo, en todo caso. Pero también estratégico: no en vano, la capacidad de veto constitucional –así como los decretos ley– es uno de los instrumentos en los que confía el Gobierno para poder gobernar y pilotar la legislatura pese a su minoría parlamentaria, y sin que una mayoría alternativa contraria al PP pueda intentar gobernar desde el Congreso o condicionar toda su acción ejecutiva.
Ahora bien, fuentes parlamentarias de la oposición dan por hecho ya que la reclamación del Gobierno no irá a ningún lado, y que la mesa del Congreso –con esa misma mayoría de PSOE, Podemos y Ciudadanos– rechazará la reconsideración que le reclama el Consejo de
Ministros. ¿Y entonces? En caso de que la mesa del Congreso vuelva a rechazar sus argumentos, el Gobierno planteará un conficto ante el Tribunal Constitucional.
Sería el primero de esta legislatura, ya con el Gobierno de Rajoy con plenos poderes y capacidades ejecutivas. Pero se sumaría al conflicto de atribuciones que aún tiene pendiente de resolver el Alto Tribunal y que presentó el pasado mes de junio, en la última y fallida legislatura, la misma mayoría parlamentaria aliada contra el PP. En aquella ocasión, por la negativa del Ejecutivo entonces en funciones a someterse al control de la Cámara, más allá de cuestiones excepcionales. El choque institucional entre el Gobierno y el Congreso puede por tanto ahora reproducirse, pese a que Rajoy ya dejó de estar en funciones y ha empezado a ejercer tras su investidura. Aunque, eso sí, paladeando los sinsabores de su minoría parlamentaria.
El Consejo de Ministros aprobó ayer los nombramientos de los segundos escalones del Gobierno, que refuerzan sus poderes. Entre ellos, cabe destacar en la órbita de presidencia a Eva Valle como nueva directora de la oficina económica de la Moncloa, cargo en el que sustituirá, precisamente, a su cuñado, y actual ministro de Energía, Álvaro Nadal. Enric Millo y Maria Salom serán los nuevos delegados del Gobierno en Catalunya y Baleares, respectivamente. Soraya Sáenz de Santamaría contará por su parte con Roberto Bermúdez de Castro como secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, mientras María Dolores de Cospedal tendrá a Agustín Conde como secretario de Estado de Defensa. José María Lassalle asume a su vez la secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, mientras el secretario de Estado de Cultura será Fernando Benzo. Juan Bravo es el nuevo presidente de Adif. Y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, elevará notablemente la impronta andaluza del Ejecutivo, con José Antonio Nieto como secretario de Estado de Seguridad, Germán López como director general de la Policía, Juan Manuel Holgado como director de la Guardia Civil y Gregorio Serrano como director general de Tráfico.