La Generalitat anuncia inspecciones a las eléctricas
La campaña pretende comprobar si las suministradoras cumplen la ley de pobreza energética antes de ejecutar cortes
La Generalitat iniciará en breve inspecciones a las compañías eléctricas para verificar si comunican a los ayuntamientos los cortes de suministro que realizan a los usuarios, tal como establece la ley 24/2015 contra la pobreza energética, según anunció ayer el conseller de Empresa i Coneixement, Jordi Baiget. Esta campaña de inspecciones llega después de que la madrugada del pasado lunes muriera por asfixia Rosa P., una vecina de Reus de 81 años, a causa del incendio declarado en su piso al prender una vela con la que se alumbraba. La anciana se quedó sin luz por impago a Gas Natural.
Asimismo, Baiget confirmó la inmediata puesta en marcha de campañas informativas para que las familias vulnerables que pueden encontrarse en la misma situación que Rosa P. sepan que por ley nadie puede dejarlas a oscuras ni tampoco sin agua. El drama, recordó ayer Maria Campuzano, portavoz de la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), es que “Rosa no supiera que la legislación la amparaba contra los cortes”, a la vez que lamentó que la Generalitat actúe 16 meses después de la aprobación de la ley 24/2015. Campuzano reclamó que el caso de Rosa P. culmine aplicando la máxima sanción a Gas Natural, un millón de euros. Por su parte, el presidente de la Taula del Tercer Sector Social, Oriol Illa, que al igual que la APE también se reunió ayer con Baiget, exigió intensificar los controles a las eléctricas y investigar si “lo sucedido en Reus es un caso aislado o no”.
Baiget indicó que el próximo martes concluye el plazo para que Gas Natural aporte toda la información sobre el suceso que acabó con la vida de esta anciana y que, “entendiendo que no se ha actuado tal como establece la ley”, será entonces cuando se decidirá la apertura de un expediente sancionador.
El conseller propuso la creación de un grupo de trabajo para plantear al Gobierno español la reforma del bono social. Cabe recordar que, el pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social (consistente en un descuento del 25% en el recibo de la luz) al entender que es incompatible con la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. El Alto Tribunal estimaba que la fi- nanciación no debía correr a cargo de las eléctricas. “Es el momento para que salga desde aquí, desde Catalunya, una propuesta para crear un verdadero bono social que, desde el principio, permita que las familias accedan a un precio de los suministros básicos diferente, en función de su renta y de su situación de vulnerabilidad”. A juicio de Baiget “son las empresas suministradoras las que deberían asumir los costes”.
En referencia a los convenios pendientes de firmar con las eléctricas para luchar contra la pobreza energética, Baiget indicó que el Govern sólo puede presionar,
El conseller Baiget propone replantear el bono social a cargo de las eléctricas
puesto que un documento de estas características sólo se puede rubricar de mutuo acuerdo. El conseller añadió que “son empresas que están en el territorio y deben tener la responsabilidad y sensibilidad de reducir o condonar las deudas a los usuarios más vulnerables”. Si es imposible llegar a consensos con las eléctricas, “decidiremos qué medidas vamos a tomar”.
Oriol Illa también lanzó otra propuesta “para aprovechar los recursos que tenemos, las entidades sociales, que podrían actuar como prescriptores para evitar cortes de luz fuera de la ley”. Para articular esta posibilidad, la Taula del Tercer Sector ha pedido reunirse con la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies.
Durante el 2016 la Generalitat ha abierto un total de 115 expedientes a firmas suministradoras y ha impuesto 18 multas de 10.000 euros cada una.
Campaña para informar de que no se puede cortar la luz a las personas sin recursos