Crecen un 20% las denuncias por abusos sexuales a menores este año
Las denuncias por abusos sexuales a menores en Catalunya crecieron un 20% en lo que va de año. En el 2015, el Departament d’Interior registró un total de 377 denuncias por abusos, mientras que entre enero y septiembre del 2016 se contabilizaron 450 querellas, 73 más pese a faltar los datos del cierre del año. En cuanto a agresiones sexuales (violaciones), en el 2015 Interior recibió 206 denuncias, y entre enero y septiembre del 2016 recogió 193 casos, menos imputaciones a la espera de recoger la información de los meses de octubre, noviembre y diciembre. El Departament de Justícia explica en una respuesta parlamentaria al grupo de Ciutadans que estos datos no reflejan el número total de querellas presentadas en Catalunya, puesto que las víctimas pueden interponer la denuncia ante los cuerpos policiales, la Fiscalía o el juzgado de guardia, y Justícia sólo dispone de los casos que llegan a los Mossos d’Esquadra. Por tanto, el número real de denuncias por agresión o abuso sexual es probablemente mayor. El aumento de querellas por abusos sexuales registrado por Interior no se debería a un incremento de estos delitos, según la Generalitat, sino a la mayor detección y concienciación entre la población sobre la necesidad de denunciar, sacando de la esfera del silencio los abusos a menores.
En este sentido, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, denunció ayer las “deficiencias” en la inspección de Ensenyament ante los casos de abusos sexuales ocurridos en un centro de los Maristas, al “validar” que la dirección no comunicase los tres episodios al resto de la comunidad escolar ni a las administraciones. El Síndic emitió una segunda resolución sobre el caso de los Maristas, en la que constata que, ante el “solo hecho de que en un mismo centro educativo coincidan un número tan elevado de denuncias por abusos sexuales a lo largo del tiempo”, la inspección educativa “debe llevar a cabo un análisis exhaustivo de la actuación del centro y de la propuesta de medidas para asegurar la aplicación de los protocolos de malos tratos”.
Esta actuación de Ensenyament “impidió determinar si había otros alumnos afectados por abusos”, con lo que “no se garantizó la integridad de los escolares”, según la resolución.