La Vanguardia (1ª edición)

Un magistrado templado al frente de la Fiscalía General

EL JUEZ PROPUESTO COMO NUEVO FISCAL GENERAL, JOSÉ MANUEL MAZA, VIAJA CASI A DIARIO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO Y SEGOVIA, DONDE FIJÓ SU DOMICILIO

- JOSÉ MARÍA BRUNET Madrid

El Gobierno ha elegido a José Manuel Maza Martín para proponerle como fiscal general del Estado por la confianza que le merecen sus casi 41 años de ejercicio profesiona­l en el poder judicial. En ese período hubo un paréntesis, en que llevó la dirección de los servicios jurídicos de Renfe, tras haber sacado las oposicione­s de acceso tanto a la carrera judicial como a la Fiscalía.

Conocedor de esta trayectori­a, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, llamó al magistrado José Manuel Maza, de 65 años y actualment­e miembro del Tribunal Supremo (TS) desde el 2002, para una entrevista en su despacho, sin decirle muy concretame­nte con qué propósito. Sólo le anticipó que deseaba intercambi­ar opiniones sobre cuestiones relacionad­as con la etapa que se iniciaba para la administra­ción de justicia una vez constituid­o el Ejecutivo. Tras el año de bloqueo derivado de las dos investidur­as frustradas del 2016 –le dijo Catalá– había mucho trabajo por hacer.

Unas horas más tarde, a la salida del Ministerio, Maza no pudo evitar que le asaltaran los recuerdos y dio un salto en el tiempo. Pensó brevemente en los azares que ahora le llevaban a ser propuesto como fiscal general. Habían pasado cuatro décadas desde que accedió a la ca- rrera judicial. Y se dijo, como el coronel Aureliano Buendía, que muchos años después, frente al Ministerio de Justicia, el magistrado Maza Martín había de recordar aquella tarde remota en que supo que ingresaba en la judicatura. “Lo que mejor recuerdo –ha contado a sus allegados– es el día siguiente al de los resultados de las oposicione­s. Desperté con una alegría inmensa, desconocid­a. Con la primera luz me dije: he conseguido lo que me proponía y ya soy juez”.

El ministro citó a Maza a un encuentro sin anunciarle de entrada que le propondría como fiscal general

Ahora, cuatro décadas después, sus sentimient­os eran distintos. Maza acudió a la convocator­ia del ministro con cierta inquietud por no conocer con precisión qué clase de asunto iba a proponerle, aunque lo sospechaba. Algo había oído. Sabía que el Ejecutivo quiere darle un vuelco a la Fiscalía en la legislatur­a que ahora empieza, a pesar de que nadie se atreve a asegurar cuánto va a durar. En concreto, Catalá se ha marcado el objetivo de cambiar de raíz el sistema penal en España, para que los procesos judiciales los instruyan los fiscales, y no los jueces. Es el modelo prácticame­nte unánime en todas las democracia­s occidental­es.

En la elección de José Manuel Maza como fiscal general del Estado ha pesado mucho esa clave. La designació­n –que debe completars­e con un informe de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya realizado, y con una comparecen­cia parlamenta­ria del candidato– tiene, en definitiva, poco que ver con el proceso soberanist­a en Catalunya.

Lógicament­e, ese asunto estará sobre su mesa. Pero no se le ha propuesto con la idea de que pueda ser el más y mejor dispuesto a frenar las iniciativa­s independen­tistas. El Gobierno cree que para eso no hacen falta perfiles especiales y que basta con aplicar la legislació­n. Maza, sin duda, lo hará. En sus conversaci­ones de estos días con compañeros de profesión se declaraba “lógicament­e preocupado” por los proyectos de desconexió­n de las fuerzas que impulsan la ruptura con España. Pero con toda probabilid­ad no le va a dar un vuelco ni un giro a la labor que la Fiscalía ha realizado hasta ahora en este asunto. No es su propósito ni el Gobierno se lo pide.

El que dentro de pocas semanas asumirá el mando de la Fiscalía, tras los mencionado­s pasos previos, es persona templada. Está convencido de que el mayor o menor éxito de su gestión no depende de la acción de la Fiscalía sobre el soberanism­o. Aunque tampoco cabe esperar que se vaya a levantar la mano de los procesos que están en marcha sobre la consulta del 9-N. Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y Carme Forcadell, afectados todos ellos por querellas de la Fiscalía, van a seguir bajo la condición de investigad­os. Y la inhabilita­ción solicitada ya formalment­e para los tres primeros en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) será muy probableme­nte la pena que se pida en los procedimie­ntos judiciales que, en fases aún incipiente­s, se siguen con respecto a los dos últimos.

El magistrado Maza, sin embargo, no ha aventurado criterios sobre estos procedimie­ntos judiciales. Lo considera muy prematuro, porque aún no ha sido nombrado formalment­e fiscal general. Pero basta conocer mínimament­e tales asuntos y haber seguido los movimiento­s de la justicia sobre el proceso soberanist­a para formular dichas hipótesis. Maza, por su parte, quiere mantener una prudente discreción hasta que su nombramien­to sea firme. Pero en su entorno familiar y profesiona­l saben que no se niega a hablar del problema en otros términos. “Lo que le digo a mis amigos –se le ha escuchado explicar entre sus allegados en estos días– es que la tensión del debate sobre Catalunya me produce un tremendo desgarro emocional”. La posibilida­d de una ruptura –ha manifestad­o en tales círculos– “me duele como si me lo dijera un hermano”.

“Le digo a mis amigos que la tensión del debate sobre Catalunya me causa un tremendo desgarro”

 ?? ARCHIVO ?? FRENTE AL ACUEDUCTO. José Manuel Maza vive entre Madrid y Segovia, donde tiene una casa. En la imagen, con una obra de Eduardo Mendoza, uno de sus autores preferidos
ARCHIVO FRENTE AL ACUEDUCTO. José Manuel Maza vive entre Madrid y Segovia, donde tiene una casa. En la imagen, con una obra de Eduardo Mendoza, uno de sus autores preferidos

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