Un magistrado templado al frente de la Fiscalía General
EL JUEZ PROPUESTO COMO NUEVO FISCAL GENERAL, JOSÉ MANUEL MAZA, VIAJA CASI A DIARIO ENTRE EL TRIBUNAL SUPREMO Y SEGOVIA, DONDE FIJÓ SU DOMICILIO
El Gobierno ha elegido a José Manuel Maza Martín para proponerle como fiscal general del Estado por la confianza que le merecen sus casi 41 años de ejercicio profesional en el poder judicial. En ese período hubo un paréntesis, en que llevó la dirección de los servicios jurídicos de Renfe, tras haber sacado las oposiciones de acceso tanto a la carrera judicial como a la Fiscalía.
Conocedor de esta trayectoria, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, llamó al magistrado José Manuel Maza, de 65 años y actualmente miembro del Tribunal Supremo (TS) desde el 2002, para una entrevista en su despacho, sin decirle muy concretamente con qué propósito. Sólo le anticipó que deseaba intercambiar opiniones sobre cuestiones relacionadas con la etapa que se iniciaba para la administración de justicia una vez constituido el Ejecutivo. Tras el año de bloqueo derivado de las dos investiduras frustradas del 2016 –le dijo Catalá– había mucho trabajo por hacer.
Unas horas más tarde, a la salida del Ministerio, Maza no pudo evitar que le asaltaran los recuerdos y dio un salto en el tiempo. Pensó brevemente en los azares que ahora le llevaban a ser propuesto como fiscal general. Habían pasado cuatro décadas desde que accedió a la ca- rrera judicial. Y se dijo, como el coronel Aureliano Buendía, que muchos años después, frente al Ministerio de Justicia, el magistrado Maza Martín había de recordar aquella tarde remota en que supo que ingresaba en la judicatura. “Lo que mejor recuerdo –ha contado a sus allegados– es el día siguiente al de los resultados de las oposiciones. Desperté con una alegría inmensa, desconocida. Con la primera luz me dije: he conseguido lo que me proponía y ya soy juez”.
El ministro citó a Maza a un encuentro sin anunciarle de entrada que le propondría como fiscal general
Ahora, cuatro décadas después, sus sentimientos eran distintos. Maza acudió a la convocatoria del ministro con cierta inquietud por no conocer con precisión qué clase de asunto iba a proponerle, aunque lo sospechaba. Algo había oído. Sabía que el Ejecutivo quiere darle un vuelco a la Fiscalía en la legislatura que ahora empieza, a pesar de que nadie se atreve a asegurar cuánto va a durar. En concreto, Catalá se ha marcado el objetivo de cambiar de raíz el sistema penal en España, para que los procesos judiciales los instruyan los fiscales, y no los jueces. Es el modelo prácticamente unánime en todas las democracias occidentales.
En la elección de José Manuel Maza como fiscal general del Estado ha pesado mucho esa clave. La designación –que debe completarse con un informe de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya realizado, y con una comparecencia parlamentaria del candidato– tiene, en definitiva, poco que ver con el proceso soberanista en Catalunya.
Lógicamente, ese asunto estará sobre su mesa. Pero no se le ha propuesto con la idea de que pueda ser el más y mejor dispuesto a frenar las iniciativas independentistas. El Gobierno cree que para eso no hacen falta perfiles especiales y que basta con aplicar la legislación. Maza, sin duda, lo hará. En sus conversaciones de estos días con compañeros de profesión se declaraba “lógicamente preocupado” por los proyectos de desconexión de las fuerzas que impulsan la ruptura con España. Pero con toda probabilidad no le va a dar un vuelco ni un giro a la labor que la Fiscalía ha realizado hasta ahora en este asunto. No es su propósito ni el Gobierno se lo pide.
El que dentro de pocas semanas asumirá el mando de la Fiscalía, tras los mencionados pasos previos, es persona templada. Está convencido de que el mayor o menor éxito de su gestión no depende de la acción de la Fiscalía sobre el soberanismo. Aunque tampoco cabe esperar que se vaya a levantar la mano de los procesos que están en marcha sobre la consulta del 9-N. Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y Carme Forcadell, afectados todos ellos por querellas de la Fiscalía, van a seguir bajo la condición de investigados. Y la inhabilitación solicitada ya formalmente para los tres primeros en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) será muy probablemente la pena que se pida en los procedimientos judiciales que, en fases aún incipientes, se siguen con respecto a los dos últimos.
El magistrado Maza, sin embargo, no ha aventurado criterios sobre estos procedimientos judiciales. Lo considera muy prematuro, porque aún no ha sido nombrado formalmente fiscal general. Pero basta conocer mínimamente tales asuntos y haber seguido los movimientos de la justicia sobre el proceso soberanista para formular dichas hipótesis. Maza, por su parte, quiere mantener una prudente discreción hasta que su nombramiento sea firme. Pero en su entorno familiar y profesional saben que no se niega a hablar del problema en otros términos. “Lo que le digo a mis amigos –se le ha escuchado explicar entre sus allegados en estos días– es que la tensión del debate sobre Catalunya me produce un tremendo desgarro emocional”. La posibilidad de una ruptura –ha manifestado en tales círculos– “me duele como si me lo dijera un hermano”.
“Le digo a mis amigos que la tensión del debate sobre Catalunya me causa un tremendo desgarro”