La justicia de Kenia impide el cierre del campo de refugiados de Dadaab
Nairobi quería desalojar a 260.000 somalíes en aras de la “seguridad nacional”
En el verano del 2011, Shafer Ibrahim, de 69 años, llegó al campo de refugiados de Dadaab totalmente exhausto. Después de un mes de caminata por el desierto desde su Somalia natal, sin casi agua ni comida, estaba tan cansado que se apoyaba en dos de sus hijos para poder avanzar. Aquellos días, el campamento, apenas una gran explanada yerma llena de refugios de lona y paja, tenía casi medio millón de habitantes y recibía 1.500 nuevas llegadas al día. Dadaab, a un centenar de kilómetros de la frontera con Somalia, estaba colapsado. Pese a ello, Shafer estaba feliz de llegar allí. “Para mi familia, esto es el paraíso”, afirmaba. Atrás dejaba la violencia de la milicia yihadista Al Shabab y una sequía atroz que había matado a todo su ganado. No tenían otro sitio donde ir.
Ayer, el Tribunal Supremo de Kenia se puso de parte de refugiados como Shafer, que podrán seguir viviendo en Dadaab: el juez keniano John Mativo declaró inconstitucional el cierre del campo que pretendía el Gobierno de Kenia. El presidente, Uhuru Kenyatta, anunció el año pasado el fin de Dadaab por motivos de “seguridad nacional” y denunció que grupos yihadistas se colaban por esa zona en su país y el campamento servía de zona de reclutamiento de radicales. El Gobierno keniano ordenó que los actualmente 260.000 somalíes del campamento regresaran a su país antes del próximo mes de mayo.
El alto tribunal ha estimado el recurso de la Comisión Nacional Keniana de Derechos Humanos y la oenegé Kituo Cha Sheria para oponerse a la medida. “La decisión del Gobierno dirigida específicamente a los refugiados somalíes es un acto de persecución ilegal, discriminatorio e inconstitucional”. Las palabras del juez fueron aplaudidas por grupos de derechos humanos que acusan a Nairobi de forzar a miles de personas a regresar a un país en guerra, pero recibieron el rechazo frontal del Ejecutivo keniano. El portavoz gubernamental, Eric Kiraithe, aseguró que el interés del Gobierno es proteger la vida de los kenianos y “apelará enérgicamente” la decisión del Tribunal Supremo. Kenia, que mantiene desde el año 2013 una misión militar en territorio somalí para luchar contra los yihadistas, ha sufrido varios ataques en suelo keniano en los últimos años.
La oenegé Médicos sin Fronteras (MSF), que trabaja en Dadaab desde 1992, un año después de su apertura tras la guerra civil que estalló en Somalia, calificó de positiva la medida y pidió que ahora se busquen soluciones alternativas como el aumento del reasentamiento en terceros países, su ubicación en campos más pequeños en Kenia o la integración de refugiados en comunidades locales.
En los últimos meses, varias organizaciones humanitarias han denunciado las presiones del Gobierno keniano sobre los refugiados para que regresen a su país. En el informe Ningún otro lugar adonde ir, publicado el año pasado, MSF presentó una encuesta donde el 86% de los refugiados de Dadaab aseguraba no querer volver a Somalia debido a la inseguridad, el miedo al reclutamiento forzoso por parte de grupos armados y la ausencia de atención sanitaria y otros servicios. Somalia vive en guerra desde la caída del dictador Siad Barre en 1991, que derivó en un conflicto que aún perdura: esta semana, Somalia escogió a Mohamed Abdullahi Farmajo como nuevo presidente del país en unas elecciones que se celebraron únicamente en el búnker del aeropuerto de la capital debido a la inseguridad en el resto del país.
Desde Human Rights Watch se destacó el alivio que el fallo del tribunal supondrá para los refugiados. “Después de meses de ansiedad por los plazos de cierre del campamento, las opciones de asilo cada vez más restringidas y la reciente suspensión de la Administración estadounidense de reasentamiento de refugiados, la sentencia del tribunal ofrece a los refugiados somalíes una esperanza”.
El Supremo habla de “acto de persecución ilegal, discriminatorio e inconstitucional” contra los somalíes