Movilización de abogados contra la ocupación ilegal
Una iniciativa surgida en Mataró y con intención de extenderse propone medidas cautelares para los desalojos inmediatos
Como ya sucedió en el 2013 con el apoyo de la administración municipal al movimiento popular contra los abusos de las entidades bancarias en las participaciones preferentes, Mataró vuelve a ser referente con una iniciativa popular, apoyada por el Col·legi d’Advocats. El objetivo es impulsar la modificación de la ley de Enjuiciamiento Civil para permitir que los jueces apliquen diligencias cautelares en los procesos contra las ocupaciones ilegales, en especial aquellos propiciados por las mafias en lo que se conoce como pisos patada, a los que se accede por la fuerza para ser posteriormente realquilados a terceras personas.
La proposición de ley se impulsa a través del Col·legi d’Advocats de Barcelona en el Congreso de los Diputados y pretende que los jueces ordenen el desalojo inmediato de las viviendas ocupadas ilegalmente.
Julio Naveira, decano del Col·legi d’Advocats de Mataró y vicepresidente de la abogacía catalana, detalla que la proposición de ley presentada a aprobación en el Congreso surge de la necesidad de facilitar mecanismos a los jueces para que apliquen diligencias como “ordenar el desalojo inmediato de los okupas”. En la actualidad, las denuncias penales por ocupación, sometidas a un procedimiento de instrucción, se pueden prolongar unos dos años. Por la vía civil, el desahucio por precario o por ejecución de propiedad también suele prolongarse varios años. Por ello, los abogados catalanes han impulsado una proposición de ley que modifique los artículos de la ley de Enjuiciamento Civil. “De esta forma –detalla Naveira–, en el momento de admitir la demanda, el mismo día se procederá al desalojo del piso ocupado”. Con ello, también contemplan que los desalojados puedan acceder al circuito de atención de los respectivos servicios sociales.
La propuesta de la abogacía catalana, tal como detalla el decano de Mataró, incorpora un inciso al artículo 250.1 de la ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil con una nueva redacción que establece el “lanzamiento o desalojo y la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda, por parte de su dueño o usufructuario” siempre que se trate de personas físicas, entidades sociales y administraciones públicas con parque de vivienda social, “por haber sido desposeídos de ella sin su consentimiento”. Se propone igualmente, añadir un apartado al artículo 441 de la ley 1/2000 para que, mediante auto, el tribunal acuerde “la entrega de la posesión inmediata al demandante”.
La iniciativa de los abogados culmina el proceso iniciado en Mataró, que surgió de la comisión creada para gestionar el riesgo derivado de la ocupación de viviendas que presiden las ediles de Via Pública y Servicios Sociales, Núria Moreno e Isabel Martínez.
Una proposición de ley trata de impulsar en el Congreso la modificación de la ley de Enjuiciamiento Civil