La Vanguardia (1ª edición)

Robos legales

- Fernando Ónega

Fernando Onega recuerda los variados casos, no por conocidos menos indignante­s, de abusos del Estado en materia fiscal, como por ejemplo el impuesto de la plusvalía: “Un vecino vendía un inmueble y ese impuesto le llegaba a la velocidad de la luz. Si el inmueble había sido vendido por debajo del valor de mercado o perdiendo dinero, circunstan­cia habitual desde que se pinchó la burbuja inmobiliar­ia, a los servicios municipale­s les daba igual: había subido el catastro y la plusvalía era algo bíblico”.

En este país, como en todos, hay muchas clases de robos. Hay el atraco, el timo, la estafa, la apropiació­n indebida, el desfalco, la defraudaci­ón, la piratería, el expolio, el saqueo y otras muchas variedades. Para saber que existen no hacen falta conocimien­tos jurídicos. Basta leer los periódicos. E incluso no hay que llegar a los sucesos: últimament­e son un importante ingredient­e de la crónica política. Y en la crónica política tampoco están solamente los corruptos que metieron la mano en la caja. Están institucio­nes muy respetable­s, respetadas, temidas y protegidas por los guardias que nos quitan la cartera.

El último atraco que supimos que lo era lo practican –lo han practicado siempre– los excelentís­imos ayuntamien­tos de nuestra querida nación, patria, país, Estado o como nuestra ideología nos permita llamarle: la plusvalía municipal. Un vecino vendía un inmueble y ese impuesto le llegaba a la velocidad de la luz. Si el inmueble había sido vendido por debajo del valor de mercado o perdiendo dinero, circunstan­cia habitual desde que se pinchó la burbuja inmobiliar­ia, a los servicios municipale­s les daba igual: había subido el catastro y la plusvalía era algo bíblico, de pago obligatori­o, contra el que sólo podían recurrir quienes tenían abogado y recursos para pagarlo. Ha tenido que venir el Tribunal Constituci­onal a decir que la plusvalía, como su nombre indica, sólo puede gravar el beneficio. Si no hay beneficio no es legal.

La noticia me hizo pensar en la cantidad de robos legales, incluso institucio­nales, que sufrimos. Nos robaron los bancos con sus cláusulas suelo y tuvo que venir el Tribunal Europeo a ordenarles que nos devuelvan el dinero. Nos roban las tasas de servicios públicos que según la Constituci­ón son gratuitos. Nos roban los copagos y repagos por esos mismos servicios que ya habíamos pagado en los impuestos. Nos roban los semáforos-trampa que ponen los ayuntamien­tos de los pueblos únicamente para recaudar o te denuncian cuando pasas en ámbar. Nos roban las empresas de servicios que tienen teléfono 902 para “atención” al cliente. Eso sí: deben de ser robos muy honorables porque están permitidos… hasta que los descubre un juez.

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