La Vanguardia (1ª edición)

El psicólogo en el diván

Faltan profesiona­les de la psicología en la sanidad pública, ya que la ley actual complica que puedan ejercer en ese ámbito

- A. MOLINS

Para Josep Vilajoana, decano del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, la baja presencia de psicólogos en el sistema público de salud tampoco ayuda a que los fármacos dejen de “consumirse de una forma tan alegre”. En opinión de Vilajoana, la presencia de estos profesiona­les en la asistencia primaria “permitiría detectar problemáti­cas menores, para las que no hace falta en absoluto que los médicos receten pastillas, o que se derive a los pacientes a los centros de salud mental, donde aún reciben medicacion­es más fuertes”. Incluso se evitaría –en opinión de Vilajoana– que los médicos atendieran casos que no les toca, y se aliviaría así la presión que padecen. Además, en general, los pocos psicólogos que hay están adscritos a servicios concretos y no atienden a la población en general. Y aun así son escasos. “Por ejemplo, en el hospital Duran i Reynals sólo hay cuatro psicólogos en plantilla”, dice Vilajoana.

La situación española es muy distinta de la europea, donde, “con todas las diferencia­s que hay entre los distintos países, la situación es mejor que la nuestra”, asegura el decano de los psicólogos catalanes. En el Reino Unido, por ejemplo, los psicólogos están plenamente integrados en la asistencia primaria y, en general, mientras en “Europa la ratio es de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes, en España es de 4,3 por cada 100.000 personas”, se lamenta

Con más profesiona­les, los médicos no atenderían tantos casos de una disciplina que no les correspond­e

Vilajoana. Pero, por otra parte, el investigad­or de la UOC Manuel Armayones cree que el “éxito de las consultas privadas, en las que una sesión puede costar 50 o 60 euros, demuestra que existe la necesidad, y que si hubiera la disponibil­idad, mucha gente utilizaría los servicios de un psicólogo en la sanidad pública”.

Las razones para entender esta baja presencia de la psicología en los ambulatori­os de la sanidad pública hay que buscarlas en el embrollo legal y administra­tivo que sufren los que estudian Psicología y se quieren dedicar a la atención sanitaria dentro del sistema de salud pública.

Y es que los graduados en Psicología, legalmente, no tienen por el hecho de completar los estudios del grado en Psicología “la considerac­ión de profesiona­les sanitarios”, explica Armayones. Se da la paradoja de que no pueden trabajar en la sanidad pública, pero sí en la privada.

Un graduado en esta especialid­ad puede legalmente desarrolla­r todas sus competenci­as profesiona­les, excepto aquellas que impliquen valorar e intervenir sobre la salud en el ámbito sanitario. Cuando los estudios aún tenían la categoría de licenciatu­ra, se creó la especialid­ad de Psicología Clínica y “sólo los psicólogos que la habían completado eran los que legalmente estaban habilitado­s para trabajar en la sanidad pública”, explica el decano. Más tarde, “cuando los estudios de Psicología dejan de ser una licenciatu­ra y se convierten en estudios de grado de cuatro años de duración, los psicólogos que quieren ejercer en el ámbito de la sanidad pública deben realizar un posgrado o el máster oficial en Psicología General Sanitaria, que dura un año y medio más; además, los psicólogos que quieren ejercer en la sanidad pública deben hacer cuatro años de itinerario hospitalar­io, mediante examen PIR”, explica Vilajoana. Por el contrario, no hay ningún inconvenie­nte en que ejerzan las mismas funciones en la sanidad privada.

Para el decano del Col·legi de Psicologia, esta situación no tiene ningún sentido, ya que “nos aleja del conocimien­to. Cualquier graduado está en disposició­n de trabajar en la sanidad pública, y cuando las regulacion­es colisionan con el conocimien­to, la administra­ción debe cambiar las leyes”, dice.

Pero es que además se convocan pocas plazas. “Por cada plaza de MIR se presentan dos médicos, mientras que por cada plaza de PIR se presentan 30 psicólogos”, explica Vilajoana.

Y es que, en opinión de Mireia Cabero, a nivel político no “hay un interés por el bienestar emocional de la gente y no hay ni prevención ni intervenci­ón”.

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SELIMAKSAN / GETTY Los psicólogos no pueden ejercer las mismas funciones en el sistema público que en la sanidad privada

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