La imparcialidad y el mal
El papel de la Fiscalía en un Estado de derecho; y el azote de la violencia machista.
EN lo que va de año, 15 mujeres –más un caso pendiente de confirmación– han sido asesinadas por hombres en España, dentro del apartado de la “violencia machista”. Se trata de la cifra más elevada de los últimos diez años, con el agravante de que cuatro de las víctimas mortales habían presentado una denuncia. Una de cada cuatro... Ayer, la Administración tuvo una reacción ineludible con la reunión urgente de tres ministros (Interior, Sanidad y Justicia) y un secretario de Estado. Entre las medidas acordadas por este “gabinete de crisis” figura la creación de dos órganos permanentes para afrontar la violencia de género, que se suman a una lista –no menor– de organismos y cargos creados específicamente en los últimos años.
Pese a los avances de la sociedad, cada vez más concienciada, una educación menos sexista y la sensibilización de la justicia y los cuerpos policiales, España avanza a duras penas en la erradicación de una conducta asesina cuyos últimos casos ponen en evidencia hasta qué punto es decisiva la prevención: los asesinos han llegado al extremo de matar a sus hijos para vengarse de sus exparejas. Uno de estos casos ha sucedido en Alemania y, por tanto, no ha sido contabilizado (un ciudadano español está acusado de haber matado a sus dos hijos, de 5 y 4 años, en respuesta a la demanda de divorcio de la madre, alemana). En otro caso espeluznante, un hombre se arrojó desde las alturas del hospital de La Paz de Madrid con su hija de un año como venganza contra la madre, ingresada en el centro. Ya tenía antecedentes por violencia machista. Casos así justifican que la Policía Nacional y la Guardia Civil hayan iniciado el seguimiento de 200 hombres condenados por violencia machista con el fin de evaluar dentro de los límites de la ley sus patrones de conducta y detectar a tiempo riesgos de reincidencia.
Los partidos políticos parecen inclinados a la fórmula de un gran pacto de Estado, una medida a la altura del envite que, de paso, evitaría que la violencia machista pueda convertirse en un arma arrojadiza, gobierne quien gobierne. Sin embargo, hay casos que dejan en evidencia las grietas del sistema. Leydi, madre de cinco hijos, la última mujer asesinada en Catalunya, había denunciado en tres ocasiones a su verdugo, que tenía una orden de alejamiento inicial de 500 metros, ampliados a 1.000 metros tras un incumplimiento. Hay que endurecer las penas a quienes –1.519 casos en el 2016– se saltan una orden cautelar, a la vista de la gravedad de las consecuencias. Y agilizar los trámites: el juicio del asesino de Leydi estaba fijado para abril.