Los deberes de la Fiscalía
LA Fiscalía General del Estado decidió el miércoles la renovación de 35 puestos de la cúpula del ministerio público. Entre los relevos se cuentan instancias clave como la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción o de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, así como las de Andalucía o el País Vasco. Un primer análisis de estos relevos indica que la Fiscalía General, dependiente del Ministerio de Justicia, ha seleccionado para los cargos relevantes a profesionales que el Gobierno puede ver con alguna simpatía. Así lo indicaría, por ejemplo, la drástica reducción de cargos relacionados con la Unión Progresista de Fiscales (UPF). O la reacción del portavoz del grupo socialista en el Congreso, Antonio Hernando, que ayer exigió la dimisión del fiscal general del Estado, responsable formal de esta renovación, si no explica satisfactoriamente ante el Congreso, la próxima semana, lo que calificó de “purga masiva”. Tampoco ha sentado bien esta renovación en sectores gremiales que estiman que algunos de los nombramientos han postergado criterios de trayectoria o de idoneidad profesionales.
La Fiscalía General del Estado es un órgano jerárquico que trabaja con materia muy delicada, ya que ejerce la acusación pública, lo cual equivale a decir que persigue el delito en nombre de todos los ciudadanos y, por tanto, atendiendo a criterios de bien común. Aunque, a la hora de la verdad, dependa del Gobierno, mediando el fiscal general y el ministro de Justicia.
Esta doble condición –acusación del Estado y vinculación al Gobierno de turno– obliga a la Fiscalía General del Estado a comportarse como la mujer del césar, honrando en todo momento la dignidad del cargo y pareciendo además que siempre lo hace.
Hay que decir, a este respecto, que algunos de los 35 relevos mencionados se prestan a interpretaciones capciosas. Entre ellos el de Manuel López Bernal, fiscal superior de Murcia, cuya sustitución propondrá también la Fiscalía General de Estado. Y lo hará en una circunstancia muy especial, cuando resuena todavía en todos los medios su labor relacionada con el caso Auditorio, en el que se investiga al actual presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, por cuatro presuntos delitos. Quizás el fiscal general hubiera exhibido mayor prudencia aplazando este relevo. La corrupción es un cáncer con metástasis en incontables administraciones españolas, y toda decisión que afecte a quienes luchan resueltamente contra ella requiere gran cautela. Más si cabe cuando algunos pueden albergar sospechas de intencionalidad en el mencionado relevo, como fue el caso del propio Pedro Antonio Sánchez, que ayer tronó en unas declaraciones radiofónicas, cuando sostuvo que “no puede ser que se persiga más a los fiscales que a los corruptos”.
También ayer supimos de otra decisión llamativa de la Fiscalía: Joan Josep Nuet, secretario tercero del Parlament, no fue incluido en la nueva querella que afecta a los otros miembros de la Mesa, incluida la presidenta Forcadell, por permitir la aprobación en la Cámara catalana de los trámites para el referéndum. Podemos entender ciertos motivos que condujeron a esta decisión. Pero no entendemos otros, por más que Nuet sea el único miembro no independentista de la Mesa. Algunos rasgos de esta decisión inducen de nuevo a pensar que la Fiscalía debe extremar siempre la impecabilidad de sus decisiones. De lo contrario, la confianza de los ciudadanos en el sistema puede verse muy mermada.