Memoria de Cuba

La paz de Zanjón (1878) puso fin a la primera guerra de independencia cubana –la guerra de los Diez Años– atribuyendo a Cuba “las mismas condiciones políticas orgánicas y administrativas de que disfruta la isla de Puerto Rico”. La paz provocó una oleada de optimismo que propició la aparición de un Partido Liberal, en el que se agruparon los elementos cubanos. Su programa no exigía la independencia de la isla, sino que se ceñía a una reivindicación autonómica y reclamaba la vigencia efectiva de los derechos individuales reconocidos por la Constitución española de 1876. Pero esta esperanza no cristalizó. El otro partido cubano que surgió también entonces –la Unión Constitucional–, formado por conservadores españoles, impuso una interpretación restrictiva de la paz de Zanjón, basándose en que el régimen especial concedido a Puerto Rico en 1868 había sido suspendido por el capitán general en 1874, salvo la abolición de la esclavitud y la representación en Cortes. ¿A qué régimen se refería la paz de Zanjón? ¿Al de 1868 o al resultante después de su suspensión parcial manu militari? Pueden imaginarse la interpretación que prevaleció. Pero esto no era serio. La auténtica pregunta era otra: ¿qué estaba pasando en Cuba?

La respuesta que da Pablo de Azcárate es clara. La oligarquía que, mediante el comodín del turno, se había asegurado en Madrid la dirección del Estado, unas veces bajo la etiqueta conservadora con Cánovas, y otras bajo la etiqueta liberal con Sagasta, agotó todos los recursos imaginables para ir dando largas a la cuestión cubana. Estas dilaciones y demoras, mezcladas con alternativas de rigor y de blandura, se extendieron a lo largo de muchos años con el resultado esperable: el partido españolista acentuó su intransigencia y el partido liberal sus reivindicaciones. Además, en el Parlamento español dominaba la postura centralizadora, que era esencial para el mantenimiento de los privilegios de los industriales de la metrópoli (también catalanes) y de los comerciantes y funcionarios españoles establecidos en Cuba.

Así las cosas, Antonio Maura –mallorquín inteligente y expeditivo– accedió en 1892 al Ministerio de Ultramar, en un gobierno liberal presidido por Sagasta. Lo primero que hizo fue modificar la ley electoral mediante un real decreto que ampliaba el número de electores hasta doblarlo. Y, acto seguido, redactó un proyecto de ley para reformar el gobierno colonial de las Antillas, que presentó al ejecutivo en junio de 1893. Este proyecto conservaba íntegra la soberanía española, pero ampliaba la intervención de los pueblos antillanos en el gobierno de sus asuntos, además de abrir la posibilidad de modificar las leyes contrarias a sus intereses. En Cuba quedaba –según el proyecto– “el ordinario término y definitivo despacho de todos los negocios administrativos”, de manera que los gestores quedarían sometidos a la crítica directa de los cubanos. El proyecto creaba una diputación provincial, que escogería a su presidente, estaría dotada de presupuesto y podría proponer modificaciones legislativas.

Este proyecto fue recibido con creciente aceptación por parte de amplios sectores cubanos, así como con franco rechazo por los españolistas acérrimos y por los independentistas radicales. En España, en cambio, dominaba la opinión que veía en cualquier opción reformista sobre Cuba el comienzo del desmantelamiento del imperio colonial. En el Congreso se libró una batalla. Los argumentos contrarios consistían en la exhibición de lo que el hijo mayor de Maura –Gabriel– denominaría, años después, “alarmas patrióticas”. En esta línea, Cánovas y Fernández Villaverde negaron que los separatistas pudieran tener la misma libertad de expresión que los españolistas. Maura, por su parte, denunció que sus adversarios cometían el error de pensar que en Cuba tan sólo era posible una fuerza política defensora de la unidad –y uniformidad– con España, cuando, en realidad, lo que defendía esta fuerza política eran intereses económicos envueltos con la bandera del patriotismo más ajado. Pasó lo que tenía que pasar. El presidente del gobierno no veía con buenos ojos el proyecto, por la oposición que despertaba en su partido y paralizó su tramitación. Maura no era hombre para recular y dimitió a comienzos de 1894. En 1898, Cuba fue independiente.

Años después, Ortega y Gasset escribió en España invertebrada (1922) estas palabras: “De 1580 hasta el día, cuanto en España acaece es decadencia y desintegración. (...) El proceso de desintegración avanza en riguroso orden de la periferia al centro. Primero se desprendieron los Países Bajos y el Milanesado; luego, Nápoles. A principios del siglo XIX se separan las grandes provincias ultramarinas, y a finales de él las colonias menores de América y Extremo Oriente. En 1900 el cuerpo español ha vuelto a su nativa desnudez peninsular. ¿Terminó con esto la desintegración? Será casualidad, pero el desprendimiento de las últimas posesiones ultramarinas parece ser la señal para el comienzo de la dispersión intrapeninsular”.

Toda opción reformista sobre Cuba era vista en España como el inicio del desmantelamiento del imperio colonial