La reforma de la estiba afronta los exámenes parlamentario y laboral
El Gobierno aprueba la liberalización de la contratación bajo amenaza de huelga
El conflicto de los estibadores sigue abierto. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al real decreto ley que modifica el régimen del personal y acaba con las actuales Sagep (sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios), que monopolizan la contratación. El texto ahora necesita la convalidación parlamentaria, para la cual hay un mes de margen, y el Gobierno no tiene a día de hoy apoyos suficientes para sacarla adelante. En paralelo, continúa la negociación entre los representantes de los trabajadores –hay más de 6.000 directamente afectados– , que rechazan la reforma, y la patronal Anesco sobre los aspectos laborales que no se incluyen en la nueva legislación. La próxima reunión tendrá lugar el martes próximo. Mientras tanto, los sindicatos mantienen la presión con una huelga de nueve días repartidos en dos semanas, a partir del 6 de marzo. El riesgo de colapso en los puertos sigue intacto.
La aprobación del decreto responde, recordó ayer el ministro Íñigo de la Serna en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, a la obligación de acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de hace más de dos años que insta a modificar el modelo español de contratación de estibadores para liberalizarlo. “Estamos obligados”, aseveró el titular de Fomento. Su incumplimiento ya ha supuesto multas por valor de 21,5 millones a los que habría que añadir otros 134.000 euros diarios a partir de un segundo pronunciamiento judicial comunitario en igual sentido que se espera sea inminente.
La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritario, lamentó la aprobación del decreto porque, a su juicio, “solo logrará la desestabilización de una de las industrias más prósperas de este país, un reducto en el que desarrollan su labor algunos de los pocos colectivos que mantienen condiciones de trabajo decentes”. El texto, aseguró esta fuerza sindical, “va mucho más allá de lo que pide Europa y no responde a la defensa de los intereses de los ciudadanos, sino al de las grandes empresas, muchas multinacionales”. UGT acusó al Gobierno de provocar una crisis innecesaria en el sector, al aprobar “a las bravas y sin consenso” el real decreto que “acarreará altos índices de precariedad e inseguridad, y cuyos máximos beneficiarios serán las empresas multiservicio y de trabajo temporal”.
De la Serna llamó a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que faciliten la convalidación del decreto. En caso contrario, advirtió, “entraríamos en un bucle sin fin, con sanciones que recaerían sobre el bolsillo de todos los ciudadanos”. Y recordó que sería la primera vez que España incumple el Tratado de la Funcionamiento de la UE, lo que “resultaría dañino para nuestra imagen” y “sería de difícil explicación por los grupos políticos”.
Esta luz verde inicial del decreto se produjo después de que Fomento accediera a aplazarla siete días para dar tiempo a los sindicatos y a la patronal a retomar la negociación colectiva en la que se pueden abordar elementos clave en el conflicto, como la subrogación de los actuales trabajadores al nuevo modelo, la continuidad del empleo o la formación que acredita para ejercer la profesión. Pero a nadie escapa que el hecho de que el texto no fuese bien recibido por los grupos parlamentarios presionó al ministerio a no correr tanto.
El departamento que dirige De la Serna también pidió a los sindicatos que desconvocaran los paros que habían previsto para esta semana. Aceptaron pero los han vuelto a convocar coincidiendo con el periodo del trámite parlamentario del decreto. La amenaza de la huelga “no favorece el clima de entendimiento”, enfatizó el ministro. Y advirtió, además, que “cuando aparecen avisos de este tipo, las empresas toman decisiones que pueden ser temporales, para trasladarse a otros puertos, pero pueden acabar siendo definitivas”. La CETM respondió que la huelga es “la única medida de presión que les queda a los trabajadores para llamar la atención de la opinión pública y el resto de los grupos políticos sobre este abuso”.
En previsión de que las movilizaciones convocadas se lleven a cabo, el Gobierno y los puertos han previsto planes para evitar colapsos en los accesos a las terminales. De la Serna recordó que en los servicios mínimos debería asegurarse el abastecimiento de productos de necesidad y a las islas. Las empresas buscan alternativas en puertos de países vecinos.
Sindicatos y patronal se vuelven a ver el martes en busca de un acuerdo sobre el empleo Fomento y empresas preparan medidas para asegurar el abastecimiento