Vuelve la quita de la deuda del FLA
Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda y Función Pública, presentó a su Gobierno en diciembre del 2014 un programa de quita escalonada de la deuda que las comunidades autónomas habían contraído con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El plan de Montoro consistía en reducir la deuda un 10% cada año, de manera que en una década, las comunidades, cumpliendo determinadas condiciones, podrían poner a cero el contador de su deuda con el Estado. Por aquellas fechas, como sucede igualmente ahora, Catalunya encabezaba el ranking de la deuda, con más de 32.000 millones de euros. Y la suma de la deuda de todas las comunidades asumida por el estado alcanzaba los 130.000 millones.
Aquella propuesta no obtuvo el visto bueno del gabinete y Mariano Rajoy achacó la negativa a las reticencias europeas. En efecto, Luis de Guindos, el ministro de Economía, y encargado de las negociaciones con Bruselas, y sobre todo con Berlín, adelantó que un país que había pedido el rescate de la troika no podía aparecer condonando deudas a las administraciones que, injustamente, se consideraban más gastadoras.
Casi tres años después, las dimensiones del problema se han agigantado. La deuda que el Estado ha colocado en los mercados para asumir la de las comunidades autónomas suma ya unos 210.000 millones de euros. Y en el caso de Catalunya, que sigue en cabeza aún más destacada, la cantidad alcanzará al final de este año los 70.000 millones.
Y encontrar una solución para que esa enorme deuda no siga pesando sobre las comunidades autónomas vuelve a estar sobre la mesa. En parte porque la vigencia del actual sistema de financiación cubría hasta el año 2014 y ya debería haberse puesto en marcha uno nuevo. También porque las comunidades peor financiadas reclaman uno nuevo con el que hacer frente a sus programas de gasto. Y, en gran medida porque cualquier operación diálogo en Catalunya como la que supuestamente estaría incubando el Gobierno de Rajoy a través de su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y sobre la que pesa todo el escepticismo del mundo, no sería ni tan siquiera tomada en consideración hasta por los más predispuestos sino incorporase algún cambio sustancial en el sistema de financiación y una resolución de la deuda acumulada. No es posible creer que el Gobierno pretende restaurar la autonomía financiera de Catalunya, y no sólo de esta, sino avanza un plan realista para hacer desaparecer esa deuda de las cuentas catalanas.
Y en estas, la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso acaba de aprobar una proposición no de ley, es decir que simplemente insta al Gobierno a tomar asuntos en consideración, votada por los grupos parlamentarios del PP, PSOE y Ciudadanos, con una petición muy concreta para el Grupo de expertos creado el pasado mes para que avance propuestas de nuevo modelo de financiación autonómica. La resolución de la comisión parlamentaria insta al Grupo de expertos a que analice “los déficits de financiación que han soportado las comunidades autónomas, y su impacto sobre la deuda autonómica, proponiendo -en su caso- el uso de mecanismos de compensación tal y como contempla la ley de financiación de las comunidades autónomas”. Es decir, a que calcule qué cantidad de deuda de las comunidades autónomas se originó por una mala financiación y no por las políticas de sus gobiernos. Expertos en el asunto, como por ejemplo Antoni Zabalza, exsecretario de Estado de Hacienda en el ya lejano gobierno de Felipe González, estiman esa cifra, sólo para los años 2007 al 2013, en 150.000 millones. Si se añadieran los años siguientes, hasta el actual 2017, la cifra superaría de largo el propio volumen de todo el FLA. Planteadas así las cosas, sería más propio hablar de acción reparadora de las negativas consecuencias de un sistema injusto antes que de quita o condonación de la deuda. Pero es avanzarse mucho pensar que el Gobierno asumirá ese razonamiento y estará dispuesto a aprobar un sistema justo de reparto de ingresos y gastos , además de reparar los desaguisados del pasado.
Catalunya, el Govern de la Generalitat, no participa en las negociaciones y tampoco ha nombrado un experto propio, aunque informalmente cuenta con el catedrático menorquín Guillem López Casasnovas, representante oficial de Baleares. Éste defiende que el Grupo de expertos presente una propuesta lo más concreta posible, para hacer frente a un problema inaplazable, en la línea de lo señalado por Zabalza.
Y, pese a la distancia oficial, la conselleria de Economia de la Generalitat, que dirige Oriol Junqueras, sigue con mucha atención todas las propuestas que están sobre la mesa. Igual que no se sabe si el Gobierno de Rajoy llegará a tiempo con sus propuesta de alivio financiero, tras muchos años de peligroso silencio, tampoco saben en los despachos de la Rambla de Catalunya de Barcelona, cuánto tiempo deberán convivir con un sistema de financiación autonómico en el marco del estado español. Con ese cálculo, el PNV, que no descarta que de toda esta movida salga alguna propuesta que afecte a su pacto foral, se ha arrimado ya al hombro del Gobierno, echándole una mano con los Presupuestos. Por lo que pueda ser.
PP, PSOE y C’s ya asumen que gran parte de la deuda de las CC.AA. es por mala financiación. El PNV toma nota